Las explicaciones que han dado públicamente Esquerra Republicana y, en menor medida, los comunes sobre su posición de partida sobre los presupuestos de la Generalitat ponen de manifiesto que han empezado cuesta arriba las negociaciones para sacar adelante las cuentas públicas catalanas. Aunque estamos en enero y, por tanto, los plazos ya son tardíos, nada apunta a que en pocas semanas se produzcan grandes avances, por más que la consellera de Economia, Alícia Romero, hará lo posible para salir del impasse actual. La nueva secretaria general de ERC, Elisenda Alemany, cuando se le ha preguntado por el calendario, ha señalado que ellos asistirían a la reunión convocada por Romero por cortesía y para escuchar, pero que no iban a activar los grupos de trabajo para intercambiar papeles y puntos de vista. Es más: también exigen que el Govern cumpla antes lo acordado en el pacto de investidura de Illa del pasado mes de agosto y que afecta, básicamente, a lo que definen como soberanía fiscal —la financiación singular— para lo que exigen conocer un calendario.
La anormalidad de prácticamente todos los últimos quince años con la presentación de los presupuestos en Catalunya hace que la situación del nuevo Govern, al final, tampoco chirríe tanto. De hecho, solo Jaume Giró fue capaz de sacar en 2022 las cuentas de la Generalitat en tiempo y forma. Y, así, podemos estar en enero y no saber a ciencia cierta si se aprobarán los presupuestos tanto en Barcelona como en Madrid, ya que en ninguno de los dos sitios se mantienen negociaciones, y la situación de Alícia Romero no es muy diferente a la del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, o la vicepresidenta de Hacienda, María Jesús Montero, que tampoco sabe si va a tener un proyecto de ley para presentar en las Cortes o, simplemente, se van a volver a prorrogar los presupuestos, como ya hizo el gobierno socialista en 2022 y 2023. Sin duda, es más fácil para el Ejecutivo de Pedro Sánchez formatear cómo organiza los actos del 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco y cuyo arranque se produce este mismo miércoles en el Museo Reina Sofía.
Podemos estar en enero y no saber a ciencia cierta si se aprobarán los presupuestos tanto en Barcelona como en Madrid
De las muchas maneras en que se podía organizar, el PSOE ha optado por una confrontación directa con el PP, tratando de asemejar a los de Feijóo con los herederos del franquismo, lo que ha provocado la autoexclusión de los conservadores de los actos. Este esquema tan partidista ha levantado incluso alguna ampolla en la propia Zarzuela, donde Felipe VI ha declinado su participación en la inauguración y ha contestado crípticamente que probablemente asistirá a alguna celebración que se enmarque en el año Franco. En una situación normal, los medios deberían estarse preguntando qué sucede entre Moncloa y Zarzuela porque las diferencias cada vez sean mayores y, en cambio, es un tema tan tabú que no lo habla ni la izquierda gobernante, ni tampoco el PP en la oposición. Y no es un tema nuevo de ahora, sino que es un desencuentro de fondo que se mantiene, con más o menos visibilidad, desde el inicio de la legislatura española, en otoño del 2023.
Pero volvamos a Catalunya. A la espera de una negociación de los socios de investidura de Illa, el Govern se ha reunido este martes con los sindicatos —Comisiones Obreras y UGT— y las patronales Foment del Treball y Pimec para recabar su apoyo a la petición de condonación del 20% de la deuda de la Generalitat con el Estado que está viva a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y que sube a unos 15.700 millones de euros, a los cuales se sumarian 250 millones de los intereses correspondientes a lo largo de este año. El presidente español ya anunció en la última conferencia de presidentes autonómicos, que se celebró el pasado diciembre en Santander, que tenía intención de celebrar el Consejo de Política Fiscal y Financiero y proponer una quita sobre la deuda que mantienen muchas de ellas con el FLA. Muy cerca de la cantidad que se condonaría a Catalunya, está el País Valencià, con algo más de 14.000 millones de euros; Andalucía, con 5.700 millones de euros; y, en cuarto lugar, la Comunidad de Madrid, con alrededor de 3.500 millones condonados.
València, Andalucía y Madrid, tres autonomías con gobiernos del PP, pese a ser beneficiadas del movimiento de Sánchez, solo aceptan que sea el País Valencià, por los efectos de la DANA, la que reciba la inyección de dinero del gobierno español, algo que solo se entiende en clave partidista o en otra aún peor, como el anticatalanismo galopante que siempre deja entrever cualquier batalla que mantiene Isabel Díaz Ayuso, que, además, acaba maniatando siempre a todos los barones populares.