Una de las razones por las que el Partido Popular pierde fuelle cuando tiene debates políticos de calado es porque sus posiciones suelen ser tan extremas y tan exageradas que solo puede entenderse con la extrema derecha de Vox. No ha aprendido nada de lo que le sucedió en julio de 2023, que pese a ganar las elecciones al PSOE, la suma de los diputados populares y de Vox no alcanzaron a lograr la mayoría absoluta y Alberto Núñez Feijóo quedó condenado a estar en la oposición. Hace 20 meses de aquel momento y su errática política no ha ensanchado ni su perímetro de alianzas en temas políticos, ni tampoco sus expectativas electorales, que parecen condenarle a una dependencia eterna de Vox, en el mejor de los casos, para alcanzar la Moncloa. Su política de inflamar el anticatalanismo cada vez que hay un acuerdo entre el gobierno español y el independentismo catalán tiene un techo, por más que Isabel Díaz Ayuso se ponga estupenda, los barones populares salgan en legión rasgándose las vestiduras y los medios de la derecha ridiculicen a Pedro Sánchez y Carles Puigdemont —al primero como la criada del president en el exilio y al segundo como el líder de una formación racista o étnico-lingüística—.

El debate demagógico e indocumentado que ha llevado a cabo este martes la derecha, tras el acuerdo de Junts per Catalunya con el Gobierno sobre el reparto de menores migrantes no acompañados que se encuentran actualmente en Canarias, es falaz y solo explicable por su cruzada anticatalana. Quizás, antes de lanzarse irresponsablemente en contra del acuerdo, habrían tenido que mirar cuál ha sido la realidad estos últimos tiempos. Y entonces aflojarían en sus posiciones. Lo que se ha hecho ha sido un pacto político por el cual el gobierno español ha aprobado un real decreto ley que modifica el artículo 35 de la ley de extranjería para automatizar a partir de ahora el reparto de menores extranjeros no acompañados a las distintas comunidades autónomas cada vez que llegue uno de nuevo al Estado español. Con ello se pretende corregir la situación, que se tenga en cuenta el esfuerzo que ha realizado hasta ahora la Generalitat y la saturación que sufre Catalunya.

Este reparto no parece que sea algo ni estrambótico ni exagerado, sino, simplemente, corregir una situación que —con los números en la mano— no tenía ninguna lógica

Porque, ¿cuál es la situación actualmente? Según los datos del Ministerio de Juventud e Infancia, Catalunya cerró el año 2023 acogiendo 5.149 menores no acompañados; Madrid, en cambio, solo acogió a 1.584. La proporción de estos datos no habrá sido muy diferente en 2024, según las informaciones no oficiales que se han manejado estos meses entre el gobierno, el PSOE y Junts. Así, como que Catalunya es la comunidad que actualmente hace un esfuerzo más grande, le tocará ser el territorio que absorba menos menores. Cogiendo los datos de 2023 de este ministerio, de los 4.400 que hay actualmente en las Islas Canarias, se quedaría solo 26. Madrid, en cambio, se quedaría 806 y Andalucía, 796; dos comunidades muy pobladas que, no obstante, han absorbido siempre menos menores que Catalunya. El País Valencià se quedaría con 477, por delante de Galicia (326), Castilla y León (309), Castilla-La Mancha (291), Murcia (190), Cantabria (170), Extremadura (169), Navarra (164), La Rioja (154), Asturias (151), Euskadi (87), Aragón (64), las Islas Baleares (58) y, como hemos dicho, Catalunya (26).

No parece que sea algo ni estrambótico ni exagerado, sino, simplemente, corregir una situación que —con los números en la mano— no tenía ninguna lógica. Se puede hacer, entonces, toda la demagogia que se quiera y lanzar grandes proclamas o llevar el acuerdo, como ha anunciado Ayuso, a los tribunales y a la Unión Europea. También, acusar a los socialistas y a los juntaires de usar a los menores como arma política, cuando es justamente al revés y es ella quien los está utilizando. Tampoco parece que si no se llega a ningún acuerdo, los criterios que se han establecido y sus respectivas ponderaciones para hacer los repartos sean sorprendentes: población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo anterior (6%), dimensión estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%). Si se discrepa de alguno, se puede discutir, claro está, pero dejando de lado esa actitud tan anticatalana y cavernícola que solo fomenta odio.