Con el insólito pronunciamiento de los ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial tildando de irresponsable al presidente del Gobierno y acusándole de deslegitimar las instituciones, por haber señalado esta semana en Bruselas que la derecha política y judicial habían querido atropellar la democracia, se sube un escalón más en la crisis institucional que vive España. También mete presión al Tribunal Constitucional cara a la trascendental decisión que debe adoptar este lunes sobre si acepta o rechaza el recurso de amparo del Partido Popular, que pide medidas cautelarísimas y la suspensión de la reforma del poder judicial y de la modificación de la ley del Constitucional que cambia las normas sobre su renovación.

Desde hace días la derecha política, judicial y mediática ha puesto el pie en el acelerador tratando de interrumpir de facto la legislatura de Pedro Sánchez. Lo que empezó entre acusaciones de gobierno ilegítimo ha dado esta semana un paso más tratando de interrumpir desde el Tribunal Constitucional el debate parlamentario del poder legislativo. Estuvo a punto de suceder este viernes que el Congreso de los Diputados tuviera que suspender un debate por petición del TC. El aplazamiento del debate sobre el fondo de la cuestión, alegando el sector autodenominado progresista -que es ahora minoritario- falta de tiempo, hizo saltar la pelota al lunes, pero las mayorías y minorías parecen claras.

Este comunicado de los ocho miembros del CGPJ demuestra una imprudente entrada en la batalla política. Sobre todo cuando este órgano vive la anómala situación de que su presidente haya dimitido y desde hace cuatro años el CGPJ carezca de legitimidad al encontrarse su mandato concluido. Ellos ahí siguen, como si nada les afectara, mientras el PP lleva a cabo una estrategia institucional de insurrección de las instituciones, afectándole muy poco el desprestigio internacional que están teniendo.

Con casi todas las cartas encima de la mesa, descarada la derecha judicial y dispuesta a provocar un colapso institucional sin precedentes, solo falta saber si Pedro Sánchez dispone de un último triunfo lo suficientemente potente para revertir lo que ahora se prevé que pase. Hasta la fecha, Sánchez, aparte de suerte, siempre ha jugado con una última baza y al límite del riesgo. ¿La tiene? ¿Están realmente a su lado la ministra Margarita Robles (Defensa) y Fernando Grande-Marlaska (Interior) que son los que deberían abrirle paso en la selva en la que se encuentra?

Porque si el Tribunal Constitucional acepta el recurso del PP, la legislatura se puede dar por acabada. ¿Tiene mucho sentido mantener viva una legislatura en que los puntos del orden del día se tengan que consensuar con los tribunales? De eso sabemos mucho en Catalunya, que actuamos como conejillos de indias de lo que ahora se intenta llevar a la práctica, y la respuesta es evidentemente que no.