No hay consuelo alguno para la tragedia que ha vivido este jueves la ciudad de Súria, con alrededor de unos 6.000 habitantes, en la comarca del Bages y, por extensión, en el país entero, Catalunya. La muerte a 900 metros de profundidad de tres jóvenes geólogos por un desprendimiento en una galería en las minas de potasa y sal ha conmocionado a una comarca minera, desde hace más de un siglo, acostumbrada muy a pesar suyo a convivir, mucho más a menudo de lo que querría, con las malas noticias. En Súria, quien más quien menos tiene un familiar, un pariente, un amigo o un conocido que trabaja o ha trabajado en algún momento en la mina. Cuatro desprendimientos mortales en Balsareny y uno en Súria en los últimos diez años son algo más que una señal de alarma, por más que estas cosas solo sean noticia de una manera destacada el día que sucede la tragedia y todos los focos están puestos en la desgracia, para apagarse a las pocas horas, en un lento pero imparable camino a la normalidad hasta un nuevo aviso.

Mientras tanto, ninguna noticia de la tragedia en la página web de la empresa. Conocemos, eso sí, que en un entorno laboral no siempre fácil a la hora de encontrar empleo, la única empresa que se dedica a la extracción, tratamiento y comercialización de sales potásicas en España, la corporación israelí ICL Iberia, cuenta con una plantilla de 1.100 trabajadores, se ha mantenido sin interrupción la extracción de sales potásicas, un fertilizante natural para la agricultura en todo el mundo. Y también se extrae sal sódica, elemento esencial para la industria química. También, que las minas representan una de las reservas más importantes de Europa occidental, lo que convierte a ICL Súria en uno de los mayores productores mundiales de potasa. Pero ninguna muestra de consuelo al lado de diferentes premios empresariales obtenidos en los últimos años.

Habrá que analizar las causas de la tragedia y depurar, si es necesario, responsabilidades, porque no es suficiente con lamentarse. Las familias de los tres jóvenes muertos —dos de ellos eran estudiantes de un máster de la UPC en Manresa que trabajaban con un contrato en prácticas, y el tercer joven era un geólogo contratado por la empresa propietaria de la mina— se merecen algo más que una explicación de que ya se sabe que estas cosas suceden. También habrá que repasar los protocolos, ya que según las explicaciones oficiales que se han facilitado había pasado hace aproximadamente unas tres semanas una inspección de la Subdirección General de Minas. Hay que pensar que estas revisiones tienen un sentido y que no debe ser otro que detectar situaciones como las que han dado lugar a la tragedia de este jueves en el Bages.

El hecho de que la empresa tenga una concesión para la extracción de sales potásicas de las minas de Súria hasta el año 2067 y que, según los cálculos realizados, no cuentan que para aquel año el mineral se haya acabado, obliga, a buen seguro, a analizar cuál debe ser la seguridad laboral para los próximos 44 años. Seguramente, se ha avanzado mucho respecto a décadas pasadas, pero a la vista está que no lo suficiente. La tragedia por la pérdida de tres vidas humanas mientras trabajaban en la mina no debe darse por amortizada con argumentos tan falaces como que la mina es así, ya se sabe. No es eso lo que debe esperar la sociedad en 2023, porque han transcurrido muchos años desde el lejano 1925, cuando comenzó a comercializarse la potasa, y ya se daba esta respuesta cada vez que sucedían noticias como la de este jueves.