El juez Pablo Llarena ya es el hit del verano en sus diferentes versiones: instructor de una causa que es más política que judicial y que mantiene a nueve líderes independentistas presos en una situación absolutamente insólita en la Europa occidental y a otros tantos miembros del Govern y cargos políticos exiliados en varios países europeos; a ello se añade el surrealista ejercicio protagonizado por el Consejo General del Poder Judicial dando amparo al magistrado ante la demanda civil que han presentado en Bruselas el president Carles Puigdemont y los consellers exiliados en la capital comunitaria.

El primero está en el origen de la disparatada e injusta situación que retiene en la prisión de Lledoners a los líderes independentistas y a los que se les puede acabar pidiendo hasta 30 años de prisión en un juicio que aún no tiene fecha pero que existe una cierta coincidencia en que podría celebrarse antes de final de año. Se está también a la espera de conocer si el cambio en la Fiscalía General del Estado como consecuencia del nuevo gobierno socialista acaba suponiendo alguna instrucción concreta a los fiscales del caso para que modifiquen la línea mantenida hasta la fecha. No parece que vaya a ser así y, en cambio, parece ganar peso la hipótesis de que en todo caso, no será antes de que el juicio esté muy adelantado cuando se construya una línea argumental diferente. 

Pero en las últimas horas, Llarena ha sido foco informativo no por sus sorprendentes escritos judiciales sino por la polémica que se ha originado sobre si el Estado debe hacerse cargo o no de la defensa del magistrado en la demanda civil interpuesta en su contra en Bruselas. Como sucede siempre, cuando Puigdemont y los consellers la presentaron, la reacción inicial de la judicatura, buena parte de la clase política española y de sus medios de comunicación fue de ridiculizar la iniciativa. Lo mismo cuando fue admitida a trámite y se fijó el día 4 de septiembre para su vista, citándose para esta fecha a Llarena. Lo más suave que se oyó es que era una tontería.

Las fechas corrieron y ahora que el día 4 se acerca, Llarena ha pedido ayuda al CGPJ. Lo ha hecho, según los expertos, fuera de plazo. Pero es igual, se le ha dado. En una reunión tensa y entre gritos de los presentes, según se ha filtrado, y con un voto en contra. Pero es ahí donde surge la polémica: para darle amparo se debe, seguramente, acabar contratando un abogado en la capital comunitaria que le defienda ante los demandantes que sostienen que se ha vulnerado su derecho a la presunción de inocencia en manifestaciones realizadas por Llarena en varias conferencias. ¿Y quién lo paga? El gobierno parece no estar por la labor y deja que sea competencia de la Abogacía del Estado. ¿El CGPJ puede hacerse cargo de la minuta de un abogado por una demanda a un magistrado que se refiere a las declaraciones que ha hecho en su tiempo libre? Complicado utilizar dinero público para ello. Y aún más complicado explicarlo.

Además está por ver como quedaría la causa si Llarena fuera condenado. Uno de los éxitos del equipo de abogados de los miembros del Govern exiliados ha sido la internacionalización de la causa y el que toda Europa vea con absoluta nitidez que las acusaciones no se aguantan por ningún sitio.