Hace pocas semanas, durante un encuentro restringido pero en el que participaron el suficiente número de personas para que, con el paso de los días, el comentario se haya filtrado, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, dejó boquiabiertos a sus interlocutores, muy interesados en la renovación de Convergència: "Yo de lo que va a hacer Convergència sé poco; pero todo esto de los partidos cambiará cuando dentro de menos de un año proclame la independencia de Catalunya". Puigdemont lo ha dicho posteriormente en, al menos, dos citas más. Explicando, de paso, que su papel habrá acabado llegado ese momento. Uno de los asistentes a la reunión, al explicarlo días después y aún aturdido por el comentario, no dejaba de expresar su preocupación de la siguiente manera: "Quizás sea una de las pocas personas que se lo creen y se lo esté tomando en serio, pero va a ser suficiente para que le caigan todos los dardos del Estado".

Tan pronto he leído este martes las informaciones que adelantaban a las 08:00 que se estaban produciendo registros en varios ayuntamientos relacionados con la corrupción y se titulaba abiertamente por el consistorio de Girona y por adjudicaciones de la época en que Carles Puigdemont era el alcalde de la ciudad, he recordado aquella conversación. Mucho más cuando a aquella hora en que se adelantaba la noticia solo había periodistas delante de la casa consistorial gerundense. Los agentes de la Guardia Civil llegarían cinco horas más tarde, a las 13 horas, y entrarían discretamente de paisano por una puerta lateral.

Pero, quizás, eso era lo de menos. Las televisiones con sede en Madrid ya habían anunciado que la Guardia Civil había entrado a hacer un registro en el ayuntamiento e incluso un diario importante escribía que "Puigdemont tampoco se encuentra entre la docena de detenidos", ignorando que, como cualquier diputado al Parlament, es un aforado y el Estatut d'autonomia establece en su artículo 57 que los parlamentarios tienen inmunidad durante su mandato a los efectos concretos de no poder ser detenidos salvo en caso de flagrante delito. No era el caso, ya que los supuestos delitos eran unos contratos que ya habían sido reclamados en 2014 por la Oficina Antifrau de Catalunya del hoy famoso Daniel de Alfonso y que hacía años que estaban colgados en la web municipal.

No es exagerado pensar que la operación de derribo de Puigdemont ya ha empezado en forma de una nueva nube tóxica de corrupción. En el Parlament, el PP ya ha pedido su comparecencia antes del próximo pleno de la Cámara catalana y Ciudadanos ha solicitado la creación de una comisión de investigación parlamentaria. Y mientras CDC formaliza este viernes su disolución como partido. Otra casualidad.