La publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de los topónimos de las comarcas catalanas traducidos al castellano de manera ridícula y con invenciones injustificables no es un error cualquiera que se pueda solucionar con unas risas y con una disculpa del funcionario de turno. Es un desprecio al catalán y la confirmación de que eso de las lenguas cooficiales no es más que un eslogan para ir haciendo y que allí, en Madrid, no hay más lengua que la castellana, ni más poder que el que emerge desde el palacio de la Moncloa. Dicen que habrá una corrección en el BOE y solo faltaría que no fuera así, ya que se procede a enumerar desde el ministerio de Agricultura una serie de comarcas inexistentes refiriéndose al temporal que se produjo en abril pasado. Pallars Jussà aparece en el BOE como Pajares de Yuso, al Baix Camp se le cita como Bajo Campo, al Pla d'Urgell como Plana de Urgell y al Moianès como Moyanés, por citar los nombres imaginativos de unas cuantas comarcas.

Si eso se hubiera producido en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) no soy capaz de imaginarme de como se habrían puesto algunos políticos y medios de comunicación y el casus belli que habrían acabado haciendo. Los ríos de tinta que hubiera desatado y las peticiones desde los editoriales de la prensa de Madrid que se hubieran hecho. Porque el BOE no es un medio de comunicación cualquiera, sino que al tener rango oficial establece sin discusión posible lo que se ha certificado previamente en una reunión del Consejo de Ministros o lo que es una resolución de un determinado ministerio, en este caso las ayudas por el temporal. 

Todo se puede llegar a enmendar y no hay freno en esa actuación, como se ha podido comprobar también en la modificación de la Wikipedia donde, convenientemente, se ha modificado la violencia policial del 1 de Octubre en Alcarràs durante la jornada del referéndum de independencia, coincidiendo con la nominación de la película de la directora Carla Simón representando a España en la selección definitiva de films para los Oscar de Hollywood. Como las alteraciones dejan huella, se ha podido saber que se ha hecho desde una IP del ministerio de Defensa, en Segovia, que debe estar muy interesado en que justamente la violencia policial no esté al alcance de la opinión pública internacional. Claro está, allí también se busca al funcionario que ha llevado a cabo la acción, ahora que ha sido detectado. Como si alguien pudiera llegarse a creer que en uno y otro caso lo que hay es un exceso de celo funcionarial.

La nula sensibilidad lingüística demostrada con la traducción irreal del nombre de las comarcas al castellano es un pedazo de problema, ya que, en el fondo, rezuma una determinada mentalidad de Estado monolingüe. Es ahí, precisamente, donde radica el verdadero problema y los reiterados intentos de ahogar a las otras lenguas en cualquier tipo de debate público. Lo vemos regularmente en las Cortes, donde no se puede hablar catalán, ni en el Congreso de los Diputados, ni en el Senado. Algo que sería un problema tan solo económico y que reflejaría la realidad lingüística en España y que, en un primer paso, debería desencallarse con premura en el Senado, como cámara territorial que es. No sería, como despectivamente se dice desde Madrid, una torre de Babel lingüística, sino la manera de expresarse en la lengua propia. ¿Por qué lo que sirve para el Parlamento Europeo no sirve para el parlamento español? No veo que nadie se ría lo más mínimo de que en Bruselas y Estrasburgo se hablen lenguas diferentes cuando para ahorrar bien se podría obligar a que el inglés fuera la única lengua.