Se van a cumplir este miércoles cinco años de los atentados de agosto de 2017 en la Rambla de Barcelona y en Cambrils, en los que murieron 22 personas, cinco de ellas terroristas. Cinco años en que no ha habido un momento en que pareciera, a ojos de la opinión pública, que se estaba investigando a fondo todo lo que allí sucedió. Al contrario, ha habido un especial interés por parte del Estado español en retener información, rechazar cualquier investigación sobre el imán de Ripoll y no llevar a cabo una investigación parlamentaria a fondo. Todo ello ha sembrado de dudas el juicio de la Audiencia Nacional y ha impedido descansar a los familiares de las víctimas, que han intentado infructuosamente acercarse un poco más a la verdad.

Las declaraciones de hace unos meses del excomisario José Manuel Villarejo asegurando que el CNI estaba detrás de los atentados del 17-A debían haber servido para que el Estado español reaccionara y dejara de estar a la defensiva. No sucedió nada de eso. Al contrario, se descartó cualquier investigación. Lo cierto es que a medida que ha ido transcurriendo el tiempo desde aquel 17 de agosto de 2017, lejos de asentarse la versión oficial, se ha ido poniendo cada vez más en duda.

El que entonces era conseller de Interior, Joaquim Forn, y que tuvo un papel destacado y elogiado en aquellas fechas junto al cuerpo de Mossos d'Esquadra, ha reprochado en los últimos meses al Estado español que esté escondiendo información y ha asegurado que continúa habiendo cosas que no se saben y no se han explicado, siendo el cabo más oscuro de todo ello el papel del imán de Ripoll Abdelbaki Es Satty, confidente del CNI que fue dado por muerto en la explosión de la víspera en la población de Alcanar, pero las pruebas de ADN, practicadas por forenses marroquíes, cuestionan que cumplieran los estándares científicos y jurídicos exigibles.

Este miércoles, en el memorial del Pla de l'Os de la Rambla, el lugar donde se produjo el atentado, se hará un homenaje institucional de recuerdo a las víctimas y al que asistirán representantes de todos los grupos políticos. También habrá participación de las víctimas —de las más de 150 personas que resultaron heridas— y de los familiares. Es un homenaje necesario, máxime en un momento en que también se cuestiona que no tuvieran el apoyo necesario en aquellos momentos en que el gobierno del Partido Popular y Mariano Rajoy estaba más interesado en desacreditar el papel de los Mossos que en acompañar a las víctimas, a Catalunya y a la ciudad de Barcelona en su dolor por la tragedia. 

Pero el homenaje no cubrirá, ni mucho menos, las respuestas que aún no se han dado y que un día necesariamente llegarán. Será muy tarde, claro está. Pero de eso va cuando se consigue licencia oficial para ocultar la verdad, como es la nueva ley de Secretos Oficiales que blinda al Estado español durante 50 años y otros diez más de prórroga para desclasificar documentos oficiales. En Estados Unidos ese período es de 20 años y en países como Francia, Reino Unido, Portugal o Italia es de la mitad del que se trata de implementar en España. La ley española llevaría cualquier información clasificada con relación a los atentados, hasta agosto de 2067.

¿Cómo alguien va a confiar, mientras tanto, en la versión oficial?