Un auténtico salvavidas de cemento. Esto es lo único que ha encontrado España en su lucha judicial contra el president catalán en el exilio desde el otoño de 2017, Carles Puigdemont. La batalla de las prejudiciales presentadas por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado pie a que los diferentes países miembros de la UE pudieran dar su opinión sobre las entregas en las euroórdenes que cursan los diferentes estados. Todo ello, después de que se hayan producido numerosas denegaciones a la justicia española de euroórdenes contra los exiliados independentistas catalanes por tribunales tan diferentes como los de Bélgica, Reino Unido, Italia y Alemania o situaciones de denegación, incluso de detención, en países como Holanda, Francia y la siempre neutral Suiza.

Pero Pablo Llarena se metió, seguramente sin querer, en la boca del lobo con las prejudiciales ante el TJUE, contando, quizás, que sería como en España, donde política y justicia van tan de la mano que cuesta saber quién actúa como qué. El resultado para España no puede ser más desolador: solo ha encontrado apoyo en Polonia y Rumanía, mientras los estados que representan el peso de la Unión han expresado un abrumador y clamoroso silencio. Un silencio que no cabe interpretar como ambiguo sino como una actitud discrepante. El TJUE tiene sus propias reglas y es sabido que por su seguridad jurídica tienden a pronunciarse siempre. Callar es, en este caso, lo máximo que pueden hacer por España.

Que haya sido un diario tan establishment como el matutino madrileño La Razón el que haya revelado que solo Polonia y Rumania se han alineado con el estado español ―seguramente lo han hecho más pensando en la fragilidad de Sánchez que en enseñar las miserias de España― demuestra bien a las claras la soledad internacional de la justicia española. Polonia se encuentra inmersa en un pulso con el TJUE al haberse impuesto que la justicia nacional prevalece sobre la justicia europea. El TJUE ha multado a Polonia con un millón de euros al día por ignorar el fallo de la corte europea que ordenó retirar la polémica cámara disciplinaria del Tribunal Supremo polaco por atentar contra la independencia judicial.

Rumanía también ha desafiado a los tribunales de UE al cuestionar, hace unos días, la primacía del derecho comunitario, siguiendo así la estela de Polonia y también de Hungría. La España en blanco y negro confrontada a todos los estados miembros fundadores de la UE ―Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos― pero también a Dinamarca, Irlanda, Portugal, Finlandia y Suecia, entre tantos otros.  

Al cumplirse 35 años de la adhesión de España a la Comunidad Europea, la constatación de la incomodidad con las normas europeas empieza a apretar el cinturón de la Villa y Corte. Y es que la justicia española lleva camino de quedar expuesta a un ridículo internacional con escasos precedentes.