La Catalunya política ha entrado, con el inicio de la semana, en un estado de ebullición y de nervios no solo impropio del mes de agosto, sino también del curso regular. La que va a ser la semana de la detención del president en el exilio Carles Puigdemont tiene agitados los diferentes cuarteles generales de las formaciones políticas. El propio, Junts per Catalunya, pero también el resto de formaciones independentistas, desde Esquerra Republicana a la CUP y las entidades soberanistas, Òmnium Cultural y la ANC. En el otro lado, el próximo president de la Generalitat, Salvador Illa, que dispone de los votos necesarios para llegar al gobierno de Catalunya —el último, el del escaño de las juventudes de ERC, se ha producido, como era seguro y superado el necesario tiempo con todos los focos pendientes de su decisión, en la noche de este lunes— pero habrá que ver qué tipo de incidencia y de afectación en la sesión de investidura prevista para el jueves tiene la detención de Puigdemont.

Es presumible que el Ministerio del Interior esté tratando de monitorizar a estas horas todo lo que acontece en la Casa de la República en Waterloo, que también es la residencia del president en el exilio. Como también hay que dar por descontado que el ministro Fernando Grande-Marlaska haya previsto dispositivos policiales para impedir la llegada de Puigdemont a Barcelona. Es cierto que existe una ley de amnistía que le tendría que proteger, pero la realidad es que está vigente una orden de detención del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena si pisa territorio español. A buen seguro, a estas alturas el número de policías españoles de paisano que tratan de saber hasta el último detalle del retorno desde el terreno ya es exponencialmente de los más altos desde que emprendió el camino del exilio en octubre de 2017. La orden gubernativa del refuerzo del control de carreteras está activada, igual que para cualquier otro medio por el que pueda regresar.

Esa va a ser la primera prueba del dispositivo del retorno preparado por el equipo del president en el exilio. Cruzar la frontera y acceder al Parc de la Ciutadella, donde está la sede del Parlament de Catalunya. Todo ello se producirá, además, en un clima enrarecido entre Junts y Esquerra, a quien no le ha gustado que Carles Puigdemont responsabilizara a Marta Rovira y al resto de la ejecutiva de hacer posible su detención en su carta Siete años de exilio, la amnistía, la investidura y la prisión. En este texto les reprocha que, antes de dar sus votos para un gobierno del PSC en Catalunya, tenían que haber explorado otras alternativas, incluida la repetición electoral en nuevas condiciones. El partido de Marta Rovira le exigió una disculpa y una rectificación por considerar "una ofensa" sugerir que su detención sería culpa de Esquerra Republicana. La disculpa no llegó, ni llegará.

Por primera vez desde el año 2010 con José Montilla, la presidencia de la Generalitat volverá a un socialista

Este clima tan habitual de desencuentros entre las formaciones independentistas tiene ahora un efecto colateral, ya que estamos al inicio de un nuevo ciclo en las instituciones catalanas. Por primera vez desde el año 2010 con José Montilla, la presidencia volverá a un socialista. Con un factor diferenciado importante: el tripartito —PSC, ERC y comunes— estará en el Parlament y no en el Govern, que será monocolor, ya que los republicanos han rehusado estar y a los comunes nadie los ha invitado. Un gobierno socialista, aunque tendrá incursiones de independientes, sí será una novedad relevante desde que Catalunya recuperó la autonomía en 1980. Es obvio, se mire por donde se mire, que el ciclo político iniciado en 2012 ha llegado a su fin y que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, cuando eso se produzca, se habrá anotado un tanto político indiscutible.