Las previsiones se han cumplido. No había que esperar nada de la entrevista entre el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el president de Catalunya, Pere Aragonès, y el resultado se ha acercado a las expectativas. En algo menos de dos horas de reunión en el palacio de la Moncloa, una reunión de la llamada por algunos mesa de diálogo para antes de finales de julio y a la que no asistirán los presidentes y, finalmente, la exploración de las condiciones que pueden hacer posible que los diputados de Esquerra en el Congreso apuntalen la insuficiente mayoría socialista después de escándalos tan graves como el CatalanGate, el mayor caso de espionaje conocido en Europa y que ha afectado a líderes del independentismo y que provocó la suspensión de relaciones entre el gobierno español y catalán por falta de confianza.

Esta minicrisis hay que darla por zanjada después de la reunión de este viernes y el president Aragonès ha aceptado las garantías de que el ejecutivo español iba a colaborar con la justicia, también española, para aclarar los hechos y también ha reconocido la palabra dada por Sánchez de que el gobierno actual no espiaba al independentismo. Regresa así el ejecutivo catalán a la casilla de salida y quedan reabiertas las negociaciones que pueda haber entre cualquier ministerio y conselleria. La reunión en la Moncloa sirvió también para situar el perímetro de una posible reforma del Código Penal en lo que respecta a los actuales delitos de rebelión y sedición, así como para contrastar puntos de vista respecto a lo que la Generalitat entiende por desjudicializar la vida política —un concepto que Madrid no asume— y la expresión que prefiere Moncloa de superación de la judicialización, garantizando la seguridad jurídica.

En cualquier caso, poco cabía esperar de la reunión —el primer secretario del PSC, Salvador Illa, ya había señalado que lo importante era la foto— y poco ha dado de sí en un momento de metástasis de la legislatura y de colapso gubernamental tras el varapalo de las elecciones andaluzas que Sánchez ha tratado de superar esta semana en el Congreso de los Diputados con toda una batería de medidas económicas de corte populista —billetes gratis en tren para todo el mundo sea cual sea su nivel de renta e impuestos a la banca y empresas energéticas—. Todo ello para despertar a su electorado y tener alguna chance de volver a entrar entre las posibilidades la opción de que el Partido Popular no le desaloje de la Moncloa a finales del próximo año.

La ausencia del más mínimo progreso tangible en las relaciones entre ambos gobiernos confiere pocas esperanzas a la reunión acordada de la denominada mesa de diálogo de la última semana del presente mes de julio, a la que, además, en la próxima ocasión ya no se sumarán los presidentes, rebajando así un peldaño más sus escasas expectativas. Las posibilidades de que la delegación catalana se abra a representantes de Junts quedó descartada públicamente tanto por Aragonès como por la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ya que volvieron a confirmar que no aceptan la presencia de miembros que no sean del Govern y la formación de Puigdemont propone a los presos políticos Jordi Sànchez y Jordi Turull, en situación de libertad por un indulto parcial y revocable concedido por el gobierno español a los presos del procés.

Resumiendo: se ha producido el deshielo y poca cosa más.