Desde diferentes medios cercanos al PSOE —también en firmas respetables de la izquierda española y catalana— se ha empezado a propagar la especie de que lo que sucede con las causas judiciales que han puesto en jaque al gobierno español y a su presidente obedece fundamentalmente a un golpe judicial. Se ha escrito en una firma tan próxima a la Moncloa como es Nacho Escolar que "Sánchez ha trasladado a sus colaboradores que acabará imputado por el Tribunal Supremo. No porque crea merecerlo, sino porque da por hecho que ese ha sido siempre el objetivo. Solo así se explica lo lejos que han llegado". Otros no van tan lejos, pero se les entiende igual cuando escriben que "los resortes del Estado profundo van a por él. No le perdonan la amnistía". Y que "Madrid ha dictado sentencia: Sánchez debe sucumbir".

El discurso poscongreso del PSOE, celebrado este fin de semana en Sevilla, trae incorporado de fábrica, por lo que se ve, un manual de resistencia contra las noticias judiciales que vamos a ir conociendo en las próximas semanas y meses, y que veremos hasta qué punto acaban minando los muros de contención que ha levantado el presidente del Gobierno en la capital hispalense. En contra de las ideas de hace unos meses, se ha optado por la técnica de prietas las filas de los más leales. Eso ha protegido al secretario de Organización, Santos Cerdán, a quien hace unos meses se daba en la Moncloa por amortizado y que, ahora que su nombre aparece salpicado en casos de corrupción, se ha preferido proteger antes que abrir una grieta con un fontanero que lo sabe todo.

La izquierda española avala que en España estamos ante un golpe judicial, pero no lo hizo cuando ese golpe era contra los independentistas catalanes

Que la izquierda española gobernante optaría por avalar que en España estamos ante un golpe judicial que no respeta las decisiones políticas que adoptan las mayorías parlamentarias, sabíamos todos que era cuestión de tiempo. El hecho, sin embargo, de que no lo hicieran cuando ese golpe era contra los independentistas catalanes que sufren exilio desde 2017 o estuvieron más de tres años en prisión, mitiga ciertamente sus protestas. ¿Qué decir de casos como Volhov o la trama rusa que han acabado en nada? ¿Acaso no ha habido una violación de derechos y de la intimidad con el caso Pegasus, del que no se ha querido esclarecer nada por parte de los socialistas porque muchas decisiones afectaban a miembros que están sentados en el Consejo de Ministros? ¿O la Operación Catalunya, que pretendió inhabilitar para la historia a Jordi Pujol y que solo el tiempo ha rehabilitado como el indiscutible padre de la Catalunya actual?

Entonces la Justicia era absolutamente imparcial. Y Sánchez sostenía orgulloso en Estrasburgo, en 2019, la fortaleza de la democracia española, el respeto a los derechos, la separación de poderes y la independencia de la Justicia. Faltaban pocos días para el arranque del histórico juicio a los líderes separatistas. También proclamaba que no eran de fiar y que habían provocado una ruptura de la sociedad catalana con sus pretensiones. ¿Le suena a Sánchez? Porque puedo dar fe de que la ruptura de la sociedad catalana era un juego de niños al lado de la situación en la sociedad española. Y sí, aunque las acusaciones también fueran por corrupción en forma de malversación, ninguna causa lo fue por enriquecimiento personal, por más que el Tribunal Supremo lo intentó.

La Justicia sirve al Estado, se decía ante la desesperación independentista, que tenía todas las de perder y un eco nulo sus protestas en la prensa de Madrid y en la gran mayoría de la de papel de Barcelona. Se les dio un poder desmesurado en 2017 y ahora van a pagar las consecuencias. Los errores siempre se acaban pagando. Entonces era el momento de corregirlo. Como dice Confucio: "El hombre que ha cometido un error y no lo corrige comete otro error mayor".