Seguramente, a Pedro Sánchez le salen mejor, en estos momentos, las manifestaciones en contra que las encuestas, si dejamos de lado las que tan alineadas acostumbra a hacer el Centro de Estudios Sociológicos (CIS) del fiel José Félix Tezanos, que siempre acude al rescate. El hecho que solo unas decenas de miles de personas —25.000, según la delegación del gobierno y algunos miles más si hacemos caso a cómo estaba la plaza de Colón de Madrid— hayan respondido a la invitación de diferentes asociaciones de la derecha para pedir la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria de elecciones en España es un buen termómetro de la pulsión ciudadana, muy aburridos con la política.

Sánchez tiene mala prensa en Madrid, una plaza donde solo su presidenta Isabel Díaz Ayuso despierta pasiones y Alberto Núñez Feijóo cabalga sobre las siglas del partido, más que en su liderazgo gris, diesel y de pocas pasiones. Feijóo y Abascal llamaron a la calle y se quedaron en casa, un claro ejemplo de la movilización contra Sánchez. El hecho de que la representación máxima del PP fuera el portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, y de ahí ya hubiera que pasar a viejas glorias conservadoras como Esperanza Aguirre también da idea de la confianza de los populares en la concentración de las derechas, también las extremas con sus banderas preconstitucionales, en Madrid.

A Sánchez solo le complican la legislatura el partido de Carles Puigdemont y los jueces que con diferentes causas abiertas lo atenazan a él, a su familia, a sus colaboradores más cercanos y a su partido

De hecho, como se ha visto hasta la fecha, a Sánchez solo le complican la legislatura el partido de Carles Puigdemont y los jueces que con diferentes causas abiertas lo atenazan a él, a su familia, a sus colaboradores más cercanos y a su partido, el PSOE. Por eso, con una mano dice que aparca la denominada ley Begoña y con la otra busca desesperadamente el apoyo de sus socios en el Congreso. Con esta ley lo que pretende es acotar la acusación popular por la vía de prohibir a los partidos políticos, organizaciones vinculadas y asociaciones de jueces y fiscales ejercerla. El PP la ha llevado a Europa, con la bandera de que es una violación del Estado de derecho. Pero los siete votos de Junts —que ahora no tienen y desde el principio la oposición ha sido radical— cambiarían radicalmente la situación y la Moncloa acabaría teniendo una autopista por la que poder circular.

Esta batalla y la del sustituto de Manuel Marchena al frente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo son dos pulsos que están librando desde el Gobierno y este último es clave para orientar en una determinada dirección la amnistía de los condenados por el procés y de los exiliados. Se necesitan tres quintos y las diferentes votaciones que se han producido no desempatan los diez votos a favor de Ana María Ferrer y los diez del conservador Andrés Martínez Arrieta. Y mientras haya empate, no hay relevo de Marchena y la decisión del Constitucional, la previsible amnistía, la tutelará él y se aplicará restrictivamente, que es tanto como decir que pocas cosas cambiarán para los presos juzgados e indultados en el sumario del procés, pero que siguen inhabilitados.

La política, en Madrid, circula por estos raíles y las manifestaciones son unas horas de ruido, un poco de movilización de los más fieles y muy poca cosa más.