Por lo que se nos ha explicado, Joe Biden ha venido a Madrid a la cumbre de la OTAN y se ha reunido con Pedro Sánchez para buscar, entre otras cosas, una mayor implicación de España, tanto económica como militar, en las necesidades de la Alianza, y una de las medidas ya acordadas va a ser una mayor presencia militar estadounidense en la base de Rota. La guerra es cara y la agresión rusa en Ucrania va a durar más tiempo del que se nos dice, ya que es mejor dar la información oficial con cuentagotas y mejor después del verano, no sea el caso que además de los negros nubarrones que se ven venir a la vuelta de las vacaciones se estropee la campaña turística de verano. Nadie mejor que Sánchez para entenderlo, que en cuatro años ha pasado, sin transición alguna, de proponer en 2014 la supresión del Ministerio de Defensa a defender una dotación presupuestaria mayor en las próximas cuentas públicas. ¿Qué ministerio sobra y qué presupuesto falta?, le preguntaban en El Mundo y contestaba: "Falta más presupuesto contra la pobreza, la violencia de género... Y sobra el Ministerio de Defensa". Tal cual.

La guerra tiene muchas caras y mientras un ingenuo o imprudente Pedro Sánchez se las daba de pacifista, aquel mismo año, el 2014, el diario La Razón publicaba en portada la fotografía del DNI de 33 magistrados y jueces que se habían pronunciado a favor del derecho a decidir de Catalunya. El titular no podía ser más llamativo e ilustrativo del objetivo que se perseguía: "La conspiración de los 33 jueces soberanistas". Fue una manera de señalarlos y ponerles la diana acusatoria: jueces independentistas, claro está. Intentar acabar con sus carreras profesionales y que la judicatura les marginara por su apoyo. Que tuvieran una condena civil y un escarmiento. Porque siempre es lo mismo: un susto y un escarmiento. Hace un par de semanas conocíamos las grabaciones de unas conversaciones entre Alicia Sánchez-Camacho y el comisario Villarejo para investigar a una serie de personas e intentar apartarlas de sus cargos, entre ellos, el actual conseller de Economia, Jaume Giró, que ha presentado una querella y la Fiscalía la ha admitido.

Aquella noticia de La Razón no solo causó un gran revuelo, sino que tuvo enormes consecuencias para los afectados, que vieron como se violentaba su intimidad con la publicación de sus DNI, que no se hubiera podido hacer sin la complicidad del gobierno de la época. Este martes, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al gobierno español por la publicación de la foto del DNI en el diario La Razón. Es una sentencia sin paliativos, una más, si se quiere, para un país que ha pasado a importarle muy poco la condena de la justicia europea. De hecho, supongo, que ha pasado a ser algo así como una señal de patriotismo en el cerrado mundo judicial español.

Vale la pena resaltar el proceso judicial que tuvo en España la denuncia que presentaron: primero presentaron una denuncia en un juzgado de Madrid que fue desestimada con el argumento de que la filtración policial era constitutiva de un delito penal, pero no se podía atribuir a una persona concreta. Los señalados subieron un escalón, a la Audiencia de Madrid, y el resultado también fue negativo al pronunciarse en sentido contrario a la admisión de la denuncia. Cerradas las puertas en España, una veintena de los afectados decidieron presentar una demanda ante el TEDH en 2017 y el resultado ha sido el conocido: un nuevo estirón de orejas al gobierno español y, por ende, alguien debería sonrojarse en la justicia española.

Estaría bien que Biden también conociera esta persecución del independentismo desde sus orígenes, estamos hablando de los años 2012 y 2014, cuando el proceso de independencia aún no estaba estructurado como tal. Porque de esa guerra, seguro que Pedro Sánchez ni le ha hablado.