La resolución de este miércoles de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, instando a España a adoptar medidas significativas para asegurar que las víctimas del Catalangate de espionaje con Pegasus reciban las reparaciones adecuadas, es, fundamentalmente, un nuevo toque de atención al gobierno español. También a toda la retahíla de autoridades de las diferentes instancias por las ilegalidades cometidas contra el independentismo catalán durante la última década y que se inicia a la vuelta del verano de 2012.

La resolución del Consejo de Europa mete presión a las autoridades en un momento especialmente delicado y significativo en que el gobierno español negocia con el independentismo catalán una ley de amnistía que pase página y deje sin efecto la interminable carpeta de represión judicial de estos últimos años. La entidad soberanista Òmnium Cultural ha cifrado en 4.400 los represaliados y considera que, al menos, 1.432 personas han de ser amnistiadas por haber sido condenadas, juzgadas o investigadas.

Como suele suceder en este tipo de resoluciones europeas, la condena es más moral que efectiva y es muy difícil que un día haya un reconocimiento público del estado español del conjunto de violaciones que practicó para tratar de desarbolar al independentismo, interceptando ilegalmente sus comunicaciones para restarle privacidad a sus acciones y, quién sabe, si además estar en condiciones de chantajear con el material obtenido. Sea como sea, las condenas por espionaje a un país europeo no suele ser algo tan común y que eso suceda en un momento en que España ostenta la presidencia de la Unión Europea es también un borrón para las instituciones europeas, que acogen en su seno a un país condenado por prácticas mafiosas y poco democráticas.

El Consejo de Europa llama a imponer sanciones adecuadas, algo más que difícil, ya que de buena parte de los espiados ilegalmente con Pegasus y que figuran en el informe de Citizen Lab de la Universidad de Toronto nadie se ha hecho responsable. Eran 65 políticos y personalidades independentistas y el Gobierno solo reconoció unos pocos y con autorización judicial, quedando los otros en el limbo de las actuaciones ilegales del Estado. Entre los espiados figuraban varios presidentes de la Generalitat, políticos, diputados, activistas y un largo etcétera.

Una comisión de investigación parlamentaria se tiene que abrir en el Congreso de los Diputados fruto de los acuerdos que se alcanzaron para la llegada de Francina Armengol a la presidencia de las Cortes. Será un cambio respecto a legislaturas anteriores y, sin duda, una oportunidad para conocer más cosas si el gobierno español actúa con responsabilidad y respeto a sus socios parlamentarios.