Las disculpas de la vicepresidenta María Jesús Montero después del exabrupto que profirió tras la sentencia del exfutbolista Dani Alves no pueden hacer olvidar que ha tardado varios días en rectificar, que solo lo ha hecho tras el clamor de las asociaciones judiciales y de buena parte de la opinión pública y que ha causado un grave daño al Gobierno, a su partido —el Partido Socialista— y a la causa de las mujeres en una situación similar. Las palabras de Montero en el acto público del PSOE de Andalucía cuestionando la presunción de inocencia de Alves fueron un gran despropósito y habría tenido que ser desautorizada por el presidente del gobierno. En un político no vale todo y Montero tiene que preservar el cargo que ocupa o dejarlo.
Evidentemente, queda marcada por más que haya dado un paso atrás. Y su trayectoria política tiene un borrón de enormes dimensiones, aunque también es verdad que hoy todo va muy deprisa y las noticias sobreviven muy poco rato y muchos lo olvidarán en pocos días. Los estirones de oreja a la vicepresidenta han llegado desde tantos sitios e ideológicamente tan dispares que agachar la cabeza ha sido imprescindible.
A la declaración del Consejo General del Poder Judicial, en este caso, no le sobra nada: "Es responsabilidad de los representantes políticos, cuando discrepan de una resolución judicial, compatibilizar su legítimo derecho a la crítica con la preservación de la confianza de la ciudadanía en las instituciones". Y apela a la vicepresidenta primera del Gobierno: "La protección y apoyo a las víctimas, en especial de delitos contra la libertad sexual, no implica renunciar a la presunción de inocencia, que es un derecho fundamental".
Todas las opiniones se han de escuchar, pero desde el Gobierno no se puede actuar como si fuera una barra de un café de pueblo
Como suele suceder en estos casos de enorme impacto mediático, no hay una opinión compartida y unánime sobre la sentencia del TSJC del caso Alves. Sin embargo, el hecho de que fueran tres magistrados considerados del sector progresista es obvio que ha atemperado una parte de la crítica de la izquierda y ha ayudado al consenso de las asociaciones judiciales. El impacto inicial sin duda se ha atemperado. ¿Por qué entonces la Audiencia de Barcelona condenó a cuatro años de prisión a Alves? ¿Hubo, quizás, un efecto mediático y político de arrastre que se llevó por delante la presunción de inocencia? Nunca lo sabremos.
Sea como sea, después de leer muchas veces la sentencia y de hablar con numerosos expertos y mujeres abogadas y del sector judicial, pienso honestamente que la sentencia es ajustada a derecho, ya que las dudas que expresa el tribunal son razonables. No hay una conclusión clara e irrebatible de culpabilidad y eso tiene que reflejarse en la sentencia. En cualquier caso, todas las opiniones se han de escuchar, pero desde el Gobierno no se puede actuar como si fuera una barra de un café de pueblo. Ni es serio, ni es aceptable, ni se puede dejar pasar.