Viendo el funeral de Núria Casamajó, celebrado este martes por la tarde en Amer, y como su hijo no ha podido asistir por pesar sobre él una orden de detención si pisa suelo español, vulnerando el Tribunal Supremo, incluso, la inmunidad de un eurodiputado en todos los estados que conforman la Unión Europea, es fácil discernir qué es realmente un caso de lawfare del 'corta y pega' que estos días pretende mostrarnos Pedro Sánchez como una persecución comparable. Porque, ¿desde cuándo la persecución mediática es lawfare? Exiliados y presos políticos catalanes han padecido una situación injusta, perfectamente tasada, que ha dado con ellos en un inacabable viaje de ida al extranjero, sin billete de vuelta o con sus huesos en una prisión durante más de cuatro años, entre el 2017 y el 2021.

Porque lawfare, en el ámbito de la política, designa el uso de procedimientos judiciales con fines de persecución política, desacreditación o destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Allí se montó una causa judicial, se inventaron unas acusaciones y se redactaron unas sentencias bajo el sello de un escarmiento a los principales intervinientes en el procés y el referéndum del 1-O. Desde que reapareció de sus cinco días de reflexión sobre su continuidad como presidente del gobierno, en una intervención sin preguntas desde las escalinatas del palacio de la Moncloa, ha concedido dos entrevistas en medios, digamos, fáciles: Televisión Española y Cadena Ser. Más allá de ninguna medida concreta de como piensa hacer lo que dice que va a hacer -impulsar una regeneración democrática- nos ha dicho que él sí ha sido víctima del lawfare.

¿Desde cuándo la persecución mediática es lawfare?

Y nos ha citado unos cuantos líderes políticos que también lo han padecido como Pablo Iglesias, Irene Montero, Mónica Oltra, el portugués Antonio Costa o el brasileño Lula da Silva. No es el lawfare una cuestión en la que hay una graduación de más lawfare a menos lawfare. Lo hay o no lo hay. De esta retahíla de nombres es evidente que muchos, si no todos, pueden quedar englobados en esta persecución. Todos ellos, además, han perdido frente a una maquinaria implacable. En las dos entrevistas ha dado, más o menos, los mismos nombres. Ya fue extraño que en la primera, un político que mide tanto las palabras, se olvidara de los líderes independentistas perseguidos por la maquinaria política, policial y jurídica de la operación Catalunya. Podía ser un error, un lapsus. Fruto del estrés de estos cinco días, en los que incluso se ha publicado que ha dormido poco.

Pero dos veces no es un desliz, es una estrategia. ¡Qué le van a explicar a él del lawfare! La legión de políticos catalanes inmersos en un caso de lawfare no ha merecido ni una mención, ni una cita pequeña. Políticos o activistas como Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Marta Rovira, Josep Rull, Raül Romeva, Toni Comín, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, la última oleada de exiliados por el fantasmagórico caso de Tsunami Democràtic y las acusaciones de terrorismo o, por ejemplo, Tamara Carrasco no merecieron de Pedro Sánchez ni siquiera la mención que si tuvo su compañera de partido Carmen Calvo, de cuyo caso de lawfare nadie se ha enterado y que fue vicepresidenta del gobierno entre 2017 y 2021, después presidió una comisión en el Congreso de los Diputados y actualmente es, desde febrero de 2024, presidenta del Consejo de Estado.

Banalizar el concepto de lawfare es enormemente peligroso. Mucho más, hacerlo como presidente del gobierno. Y sobre todo, cuando su gobierno ha estado bajo la sospecha de practicarlo.