Como que a los jueces no les juzga nadie o, en el mejor de los casos, se juzgan entre ellos, habrá que dejar la decisión de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional sobre las diligencias que ha practicado el juez Manuel García-Castellón en que el magistrado ha recibido un garrotazo. Nada que inmute, seguramente, a este polémico magistrado que se paseaba hace unas pocas semanas entre gritos y proclamas de "Aguanta, campeón" cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, le impuso una medalla durante la visita del presidente argentino, Javier Milei, a la capital española. No hay mayor reconocimiento para un personaje público, sea juez, político, actor, tertuliano, escritor o empresario, que ser un azote de los independentistas catalanes. El cum laude se concede si, además, eres catalán. Pues bien, el instructor del caso Tsunami Democràtic ha visto como quedaba anulada la investigación prospectiva que estaba haciendo durante estos últimos tres años y se ha visto obligado a archivar provisionalmente el caso.
Esto significa que la imputación del president en el exilio, Carles Puigdemont, por la acusación de terrorismo, hecha el noviembre del pasado año y derivada al Tribunal Supremo por su condición de aforado, tiene que decaer, como también la del diputado de ERC al Parlament Ruben Wagensberg. Lo mismo que ha ocurrido con la investigación de la secretaria general de ERC, Marta Rovira; Oleguer Serra, directivo de Òmnium Cultural; el periodista Jesús Rodríguez, y el ciudadano italiano Flavio Giulio Foglia, así como la de los seis encausados que figuraban en la causa del 2021 —Oriol Soler, Marta Molina, Josep Campmajó, Josep Lluís Alay, Xavier Vendrell y Jaume Cabaní—.
Aunque sea muy cutre, vale la pena recordarlo. García-Castellón reactivó la causa de Tsunami Democràtic, abierta en 2019 y sin actividad aparente, justo en el momento en que el Gobierno de Pedro Sánchez llegó a los primeros acuerdos de investidura tanto con Junts per Catalunya como con ERC para aprobar la ley de amnistía del procés y de todos los hechos relacionados con el movimiento independentista desde 2012, incluidos el referéndum y la declaración de independencia y las protestas tras la manifestación de las condenas del Supremo a los líderes del movimiento independentista. Pues bien, en este momento del otoño pasado, llevó a cabo la resolución de imputación por terrorismo al incluir al ciudadano muerto en las manifestaciones de protesta por las condenas del Supremo en el aeropuerto de El Prat, a pesar de que una jueza había descartado en su día que se hubiera debido a la movilización masiva, impulsada por Tsunami. También hizo investigar el magistrado si se quería atacar al rey Felipe VI en una visita, con la supuesta complicidad de un agente de los Mossos.
García-Castellón reactivó la causa de Tsunami Democràtic justo en el momento en que el Gobierno de Pedro Sánchez llegó a los primeros acuerdos de investidura para aprobar la ley de amnistía
La decisión de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional es importante porque ha servido para cerrar el perímetro de las acusaciones sobre los principales líderes independentistas. De hecho, y más allá de lo que decida la instructora del Supremo Susana Polo sobre este mismo caso, quedan en manos del magistrado del Supremo Pablo Llarena la situación de Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig y las órdenes de detención si pisan suelo español; y en manos del presidente de la sala segunda del Supremo, Manuel Marchena, las acusaciones de malversación que mantienen la inhabilitación sobre Oriol Junqueras, Jordi Turull, Carme Forcadell, Raül Romeva y Dolors Bassa. En cambio, la número dos de Esquerra en aquellos años y actualmente número uno por la dimisión de Junqueras, Marta Rovira, tras la decisión de la AN ha cambiado su situación legal, según Esquerra, y volverá a valorar conjuntamente con sus abogados si se dan las garantías legales para su regreso a Catalunya.