Una de las grandes incógnitas que debería ver la luz en las próximas semanas es lo que entiende el gobierno español por financiación singular para Catalunya y que fue, según resaltó públicamente la anterior dirección de Esquerra Republicana, el elemento determinante para facilitar la investidura de Salvador Illa como president el pasado mes de agosto. Mucho hemos oído hablar a unos y a otros sobre los carriles económicos en los que debería sustentarse el nuevo sistema de financiación de Catalunya, pero lo cierto es que a día de hoy tan solo tenemos opiniones interesadas expresadas hace unos meses con la intención de decantar la investidura de Illa y forzar las resistencias que tenían los republicanos.

Llega ahora, por tanto, la hora de la verdad para el president, obligado como está a encajar las piezas del puzle entre la Moncloa y la calle Calàbria. En primer lugar, su principal negociación tiene que ser con Pedro Sánchez. Es allí donde tiene que usar Illa toda su influencia para convencer a los socialistas españoles de que es el momento de ofrecer a Catalunya no solo una financiación mejor, sino también diferente. Esa diferencia en positivo pasaría por crear una administración tributaria única de la Generalitat que fuera la que gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Catalunya. Un segundo concepto novedoso gira alrededor de que la aportación catalana a las finanzas del Estado integre la aportación por el coste de los servicios que el Estado presta en Catalunya y la aportación a la solidaridad.

Con once años caducado el vigente sistema de financiación español, todo el mundo asume que se tiene que establecer uno nuevo. Para tratar de enfriar la discusión, la Moncloa anunció que todo el mundo tendría más dinero y que todos tendrían su financiación singular. Una manera zafia de tratar de salir ileso de la refriega territorial, pero de escasa virtualidad porque, al final, todos saben sumar y restar y la discusión de la financiación autonómica va, sobre todo, del dinero que reciben unos y otros. Pero el acuerdo de investidura de Illa es claro: "Con el objetivo de implementar este nuevo sistema de financiación singular para Catalunya, tendrá que formalizarse el presente acuerdo durante el primer semestre de 2025, en la comisión bilateral entre el gobierno de la Generalitat y el del Estado". O sea, aprobado antes del 30 de junio y en el segundo semestre del año las modificaciones legislativas necesarias en las Cortes.

Llega la hora de la verdad para el president Illa, obligado como está a encajar las piezas del puzle entre la Moncloa y la calle Calàbria

Pero Esquerra Republicana y el retornado Oriol Junqueras también tienen sus necesidades y en la actual coyuntura del partido aún más. Máxime cuando sabe que el acuerdo de financiación nunca será y tampoco se parecerá al concierto económico de vascos y navarros. Ese será el argumento fundamental de Junts para oponerse al acuerdo, si finalmente los socialistas y ERC alcanzan un acuerdo definitivo y este obtiene el visto bueno del PSOE. Junqueras tiene una confianza limitada en el PSOE, pero a diferencia de la formación de Carles Puigdemont, está expectante ante el movimiento de Sánchez en una cuestión que es capital para su principal barón territorial.

Por si no fuera suficientemente complicada la carpeta de la financiación, su principal responsable es la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, la sevillana María Jesús Montero, que está preparando su desembarco al frente del PSOE andaluz, dentro de una estrategia de Sánchez de que sus ministros copen las secretarías generales en las diferentes autonomías. Cuesta pensar que los intereses de Junqueras y Montero con Illa por en medio lleguen a ser coincidentes. Es más, visto panorámicamente, la impresión que un observador puede extraer de los movimientos de Sánchez es que no contempla una legislatura demasiado larga... o una estancia suya en la Moncloa que salte al año próximo.