La decisión de Sumar, la formación de Yolanda Díaz, de estirar del gobierno español para que acabe siendo fijo el impuestazo a algunas empresas energéticas, que no en gran medida a las eléctricas, ha acabado desencadenando un nuevo choque de trenes en la frágil mayoría política que sustenta el gobierno de Pedro Sánchez. Fundamentalmente, porque la política económica y fiscal no se puede hacer permanentemente a base de aplicar cada vez nuevos impuestos que acaban descapitalizando el tejido industrial y causando un agujero enorme que acaba afectando al mercado laboral. Eso es algo que a veces se olvida: en un mundo global, en que todo o casi todo puede estar en cualquier sitio, hay que mirar de encontrar un equilibrio perfecto entre las necesidades de un territorio y el lógico interés empresarial. Estos días, lo estamos viendo con las consecuencias que tendría para Catalunya y muy especialmente para el Camp de Tarragona la aprobación de un impuesto de esta naturaleza, ya que acabaría siendo el detonante para que inversiones superiores a los 1.000 millones de euros que tiene en proyecto Repsol acabaran en cualquier otro destino como, por ejemplo, Portugal.

Se tiene que hacer política económica e industrial más allá de las ideologías y pensando también en los territorios. No vale ponerse una venda en los ojos, como se hace desde Sumar, en que incluso su portavoz económico, Carlos Martín, ha propuesto este martes que el Estado tome una participación de control en Repsol, como ya se hizo con Telefónica. Algo que, por cierto, nunca es el mejor camino posible. Sumar puede hacer una carta a los reyes, pero, al final, una empresa acaba huyendo ante la inestabilidad regulatoria y fiscal. Hay precedentes y no es necesario recordarlos, ya que hoy en día nada acaba siendo de ningún sitio si los accionistas acuerdan lo contrario. El creciente populismo tampoco ayuda, en un mundo en que los discursos simples acaban abriéndose camino con mucha facilidad, y a la vista está como evolucionan los inestables mapas electorales. Todos quieren, además, que sea otro el que lo haga, ya que siempre hay alguien que saca una encuesta sobre qué piensa la gente.

Al final, las empresas acaban huyendo ante la inestabilidad regulatoria y fiscal

La decisión de Junts per Catalunya de terciar en el debate para defender la inversión en el Camp de Tarragona, que tiene como consecuencia que el gravamen que el PSOE y Sumar querían transformar de temporal a permanente no se lleve a cabo, es, desde este punto de vista, trascendente. La formación de Carles Puigdemont hace, quizás, el movimiento político-económico de mayor calado en el tejido empresarial de los últimos tiempos. Corre algunos riesgos, claro está. Mucho menos si lo sabe explicar, como ya ha empezado a hacer. Pero ganar poder e interlocución es algo de lo que está necesitada, ya que está ausente de las principales instituciones catalanas, como son la Generalitat, el Ayuntamiento o la Diputación de Barcelona. En cambio, tiene siete diputados claves para dar y quitar mayorías, y nadie le puede discutir a Junts que defienda lo que se pide desde el territorio y una cuestión a la que es muy sensible buena parte de su electorado. Eso se produce en la semana en que Junts celebrará su congreso, en el que busca presentarse como una formación cohesionada, con un liderazgo incuestionado, como es el de Carles Puigdemont, y una dirección con papeles muy definidos de Jordi Turull en la secretaria general y Míriam Nogueras y Toni Castellà en las vicepresidencias.

Parece que algunos complejos de asemejarse lo menos posible a la antigua Convergència se están reformulando. No para clonar un partido como aquel, ya que Junts es otra cosa y fruto de otro momento de la historia. Pero sí para tener una brújula mucho más clara que la de estos últimos años, en los que muchas veces, intentando salvar una falsa unidad independentista, han acabado en demasiadas ocasiones escondiendo sus propuestas. Ahora, este esquema ha cambiado, las ataduras han desaparecido, y son ellos los que pueden apretar a los demás. Es una de las ventajas, seguramente la única, de estar en la oposición. El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que retirar el impuesto a las energéticas del paquete fiscal que está negociando con Bruselas si quiere que sea aprobado. Sumar quedará desguarnecido en una de sus propuestas estrellas y con la que ha hecho mucho ruido en las últimas semanas. Es un fracaso doloroso, ya que Yolanda Díaz tiene una presencia importante en el gobierno, con una vicepresidencia y cuatro ministerios, pero una influencia menguante.