Aunque se ha cumplido este domingo el 47 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco, uno tiene la impresión, cada vez más acusada, de que los franquistas se han hecho cargo de una parte importante del relato de la situación política en España y, sin descaro alguno, van haciéndose notar cada vez más en la arquitectura del estado, en sus puestos estratégicos, y de una manera muy especial en la alta judicatura y en los medios de comunicación. Durante muchos años se recordó aquella frase de Franco del atado y bien atado como una referencia exclusiva o preferente a los militares, pero hoy sabemos que iba mucho más allá de los uniformados y los cuarteles.

Hay muchas maneras de comprobar que el franquismo sigue latente y que hay un deep state que tiene vida propia y que actúa al margen del poder político. Hace unos días supimos que el general Fernando Alejandre, jefe del Estado Mayor de la Defensa (Jemad) en 2017, activó unilateralmente, aunque luego reculó, un plan para intervenir militarmente Catalunya. Lo ha explicado en un libro el militar, a lo que el gobierno solo ha contestado al diputado Jon Iñarritu que lo considera gravísimo, aunque lo ignora por completo. No voy a entrar en el tema de la sentencia del procés emitida por el Tribunal Supremo, pero a estas alturas ya son legión los juristas que consideran que no fue acorde a derecho y que se exageraron las condenas.

Por no hablar de la renovación del Tribunal Constitucional a la que está obligado por mandato constitucional el Consejo General del Poder Judicial, y que dicho órgano se lo pasa directamente por el forro. Ahí están los miembros conservadores del CGPJ, de hecho los denominados progresistas tienen poco de este término, bloqueándolo y ya se han cumplido dos meses de la violación. Todo, por mantener la mayoría en el TC y usando como moneda de cambio la sedición acordada por el Gobierno con Esquerra Republicana. Hasta que no se entre a fondo en la desjudicialización de la política, no se devolverá a su sitio a los jueces y no pasarán a ser uno de los poderes del Estado, no como son ahora, el único poder del Estado.

Que se haya querido aprovechar el 20-N de este año para iniciar una campaña internacional y reclamar el cierre del edificio de la Jefatura Superior de Policía de Barcelona, símbolo de torturas y vejaciones, para que se entregue a las instituciones catalanas y se convierta en un centro de memoria y reparación es una muestra más de las deficiencias democráticas del Estado. Un total de 176 entidades de una veintena de países se han sumado a la petición al Gobierno para reconvertir la comisaría. Estamos hablando de un edificio que en condiciones normales ya se habría reconvertido, aunque solo fuera para borrar la infausta memoria en muchos catalanes.

Aprovechar el 20-N para visualizar todo lo que falta por hacer nos recuerda que hubo una muerte física, pero que las resistencias del franquismo sociológico siguen marcando exageradamente el comportamiento del estado.