La derecha no gana las elecciones con suficiente mayoría para gobernar pero sabe como nadie preparar las manifestaciones y encumbrar ante la opinión pública española a sus nuevos referentes. Hasta la fecha, no le había tocado a ningún juez ser el más vitoreado en una manifestación. Pero este domingo, el PP de Alberto Núñez Feijóo, pero también de José María Aznar y de Isabel Díaz Ayuso ha elevado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón a las alturas por tratar de acorralar al president en el exilio Carles Puigdemont en el sumario que tiene abierto del caso Tsunami y en el que lo inculpa de terrorismo junto a la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira.

Alrededor de 50.000 personas ha sacado el PP este domingo nuevamente a la calle en Madrid contra la ley de amnistía. Justo en la semana clave en la que el Congreso debe aprobar la ley y que, después del movimiento de García-Castellón la semana pasada, no parece estar suficientemente blindada. El debate, que es más político que jurídico, es viejo: habida cuenta de que desde la Audiencia Nacional se ha respondido al legislativo con una acusación sin fundamento de terrorismo para esquivar que puedan acogerse a la amnistía, ¿cuál debe ser la respuesta?

No hacer nada equivale a dar por bueno que se aprueba una ley que depende de cómo acabará siendo más porosa de lo que parece en un principio y el camino de García-Castellón quedará despejado. Dar un nuevo paso para impedirlo supone todo un brete para el PSOE y para el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que desde hace semanas va arrastrando los pies en la negociación paralela que mantiene el secretario de Organización, Santos Cerdán. Todo ello deberá resolverse antes de la votación del martes en el Congreso de los Diputados.

La llamada del PP a rebelarse contra los pactos del PSOE contra el independentismo, el tono guerracivilista que cada vez está más presente en sus actos públicos y la llamada a rescatar democráticamente España tiene también mucho que ver con las informaciones que están saliendo de la operación Catalunya —grandes elogios a Rajoy este domingo "por haber dedicado toda su vida a España"— y las elecciones gallegas del próximo 18 de febrero en que los comicios se pueden acabar decidiendo por un puñado de votos.

Y el PP no tiene en estos momentos la mejor carta de presentación en Galicia si lo fía todo a la gestión del gobierno autonómico y al liderazgo de su presidente, un muy poco popular Alfonso Rueda. En este contexto, tirar de la venta de España a los independentistas por parte de Pedro Sánchez es un argumento lo suficientemente fuerte para tapar la gestión de la Xunta de Galicia.