El acuerdo que han alcanzado PSC y Junts para maniatar al Govern en el Parlament en el tema de la sequía, forzándole a asumir iniciativas que no contemplaba, lleva al ejecutivo de Pere Aragonès a una situación difícil en un tema electoralmente complicado: sumarse a la mayoría que ellos llaman de la sociovergencia y poner al mal tiempo buena cara o hacer evidente que están en minoría, votar en contra y hacer evidente que en un tema capital como es la lucha contra la sequía es la oposición la que lleva la voz cantante. Socialistas y Junts han jugado sus cartas con cierta astucia: han pactado entre ellos y han acordado las medidas con las empresas del sector, que son los que mejor conocen el déficit actual y cuáles son las prioridades, y con los sectores afectados, fundamentalmente, los payeses, muchos de ellos, pequeños o medianos propietarios que necesitarán ayudas directas y que corren además del riesgo de perder la cosecha —muchos de ellos, por ejemplo, los que cultivan cereales, ya la dan por perdida— de ver como se mueren los árboles, algo que aún puede llegar a evitarse. Todo ello, en un momento en que el Govern ha ampliado de 224 a 495 los municipios en situación de excepcionalidad.

Aunque será el jueves cuando se votará la proposición de ley de Junts y lo hará, excepcionalmente, por lectura única para agilizar todos los plazos que permite la legislación parlamentaria, las cartas ya están repartidas después de que Junts hiciera públicas las medidas que previamente había acordado con los socialistas y la inversión de 500 millones para el impulso de las infraestructuras, algunas de ellas con carácter inmediato. En síntesis, lo urgente tiene que ver con un impulso a la reutilización del agua, dándole una nueva vida —la ampliación de la biológica Estació Depuradora d'Aigües Residuals del Prat o la ampliación del aprovechamiento de la Estació de Regeneració d'Aigües de Sant Feliu de Llobregat— y lo más a medio plazo, que no va a solucionar el problema actual, tiene que ver con la construcción de desalinizadoras que tienen un recorrido mucho más lento, ya que los resultados no se verán hasta dentro de cuatro años.

Al Govern, el punto álgido de la sequía y su debate en el Parlament —consecuencia del fracaso de la cumbre que convocó el president Aragonès el pasado 31 de marzo— le ha coincidido con la polémica de las oposiciones a más de 13.000 trabajadores de la Generalitat para consolidar su plaza como funcionarios y que se saldó con un escándalo mayúsculo al no ser capaz la empresa contratada de gestionarlas correctamente, garantizar la confidencialidad de los opositores, disponer de un espacio mínimo para celebrar las pruebas y un largo etcétera. Aquí sí que el Govern ha reaccionado con la mayor celeridad posible, cesando a la directora de la Funció Pública, Marta Martorell, por el caos generado, una vez se habían constatado los errores generados y una falta de control absoluto de lo que eran el mayor número de plazas convocadas nunca por la administración catalana. Más allá de la falta de experiencia de la directora cesada, es evidente que la responsabilidad en estos casos va siempre, políticamente hablando, hacia arriba y hacia abajo, y de ello tratan de aprovecharse los partidos de la oposición, llevando a la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, contra las cuerdas.

A diferencia del tema de la sequía, aquí no están solo PSC y Junts pidiendo responsabilidades al Govern que vayan más allá del cese de la directora general, sino también el resto de partidos del arco parlamentario, tanto a la derecha como a la izquierda. Aunque la actividad parlamentaria suele hacer un receso durante las campañas electorales, habrá que ver qué sucede en esta ocasión y si hay una convocatoria del Parlament la víspera del 28 de mayo para evidenciar la fragilidad del ejecutivo. El ejecutivo de Esquerra Republicana necesitará de aliados con los que, por ahora, no cuenta, si no quiere que estas últimas tres semanas largas hasta el día de las elecciones se le hagan eternas.