Aunque en otras ocasiones las relaciones de Catalunya con sus vecinos —Aragón y València— o con los territorios de habla catalana —también Balears— han sido difíciles, en ningún momento de las últimas décadas se habrá, seguramente, llegado al grado de hostigamiento que se va a vivir a partir de ahora. En las tres autonomías se ha cerrado un acuerdo entre el Partido Popular y Vox, cuyas medidas políticas iniciales van directamente contra el catalán y, además, en el caso de Aragón, donde Jorge Azcón, del Partido Popular, acaba de ser investido presidente con una declaración de ser un gobierno anticatalanista y el anuncio de adoptar entre sus primeras medidas la supresión de la Dirección General de Política Lingüística.
Muy atrás quedan los años en que Marcelino Iglesias ocupó la presidencia del gobierno aragonés entre 1999 y 2011 y hablaba catalán con normalidad y se dieron pasos importantes en materia lingüística. Su sucesora Luisa Fernández Rudi (PP) y, sobre todo, Javier Lambán (PSOE) ya han tensionado las relaciones de una manera extrema. Y eso que Lambán es licenciado en Filosofía y Letras por la Universitat de Barcelona, pero, por lo que sea, su política durante los ocho años que ha sido presidente ha sido de litigio permanente y de una aversión al catalán y a las instituciones catalanas desorbitado. Ahí están, por ejemplo, los temas culturales relacionados con el monasterio de Sixena o los Juegos Olímpicos de invierno.
Ahora llegan el PP y Vox, y claro que será mucho más grave, pero el PSOE ha sembrado en Aragón el anticatalanismo durante muchos años y ahora la derecha y la ultraderecha encuentran el terreno fértil. Cuando a veces se dice que en algunos casos no hay tantas diferencias entre unos y otros, Lambán es un buen ejemplo de levantar muros que otros, en el futuro, tendrán que derrumbar. La política tiene estas cosas: que las mayorías son cambiantes y, a veces, te tienes que morder la lengua para continuar en primera línea.
Si no, que se lo pregunten a la ministra de Defensa, Margarita Robles, ante la decisión sorprendente y arbitraria de la sala de vacaciones del Tribunal Constitucional, que, aprovechando una mayoría que no tiene en el pleno, los magistrados conservadores acordaron —por primera vez— inadmitir los recursos de Carles Puigdemont y de Toni Comín contra su procesamiento por malversación agravada y desobediencia. Ver a la ministra de Defensa defendiendo a Puigdemont y sus argumentos de que la decisión no era urgente y no correspondía a la sala de vacaciones es casi justicia poética.
Cómo se tiene que ver Robles para alinearse con Puigdemont, sabiendo que del voto de Junts en el Congreso dependen muchas cosas, en estos momentos. Meritxell Batet ya está fuera de la presidencia del Congreso y tanto Robles como Marlaska (Interior) si algo han hecho, ha sido pasarse algunas líneas rojas, y ahí está el caso Pegasus de espionaje al independentismo. Las cosas cambian y quien antes solo usaba armas de destrucción, ahora va, por si acaso, con un caramelo en la mano.