No tienen muchos motivos para estar especialmente satisfechos los representantes del Govern en la denominada mesa del diálogo y de negociación sobre el conflicto político entre España y Catalunya tras la reunión que han celebrado este miércoles en el palacio de la Moncloa. Se ha cumplido el calendario acordado en junio, entre el ministro Bolaños y la consellera Vilagrà: ha habido una reunión entre el presidente español, Pedro Sánchez, y el titular de la Generalitat, Pere Aragonès, en Madrid y también se ha producido la convocatoria de la reunión de la mesa —la tercera— acordada entre ambos gobiernos. Otra cosa es constatar cómo aquella mesa de diálogo y negociación entre gobiernos que tenía, al menos por parte catalana, como objetivos abordar la amnistía, la convocatoria de un referéndum acordado y la autodeterminación se está deslizando peligrosamente hacia cuestiones que deberían encontrar, en principio, otro foro de debate gubernamental y no este, habida cuenta de que existen numerosas comisiones mixtas y esta tenía una especificidad bien concreta.

Los consellers Laura Vilagrà (Presidència), Roger Torrent (Empresa), Joan Ignasi Elena (Interior) y Natàlia Garriga (Cultura), todos ellos de Esquerra, ya que siguen sin formar parte de la mesa los miembros de Junts per Catalunya al no ser aceptada su delegación porque incluía miembros que no son del Govern —Jordi Turull y Jordi Sànchez— y además están en libertad provisional gracias a un indulto parcial y revisable, regresaron a Barcelona con un paquete de compromisos y de acuerdos futuros. El compromiso es para llegar a hacer efectivo en el futuro la desjudicialización, a partir de reformas legislativas en el Congreso —sin que se contemple la modificación de los delitos de rebelión y sedición en el Código Penal—. Y el acuerdo para la protección y el impulso del catalán, que recoge intentar que en el Senado se puedan hablar otras lenguas además del castellano y pedir al Parlamento Europeo que considere el catalán como una lengua de uso en el pleno de la Eurocámara.

Quizás de todo lo abordado, lo más fácil es el uso del catalán en el Senado. Es una vieja batalla política desde Catalunya, de un coste económico ínfimo, que reconocería que existen otras lenguas oficiales en España y que el PSOE podría implementar cuando quisiera, ya que encontraría las mayorías políticas suficientes para poderlo hacer. Se trata, simplemente, de voluntad política de los socialistas. Pero digámoslo claro: cuando el independentismo pensó en la mesa de negociación con el gobierno español, no era para acabar hablando de estos temas que no dejan de tener un cierto aroma de agenda del pasado. Bienvenido sea que se hable catalán en el Senado si el PSOE no se acaba echando atrás, pero todo el conflicto político que acabó desembocando en el referéndum del 1 de octubre y la declaración de independencia en el Parlament no se moverá ni un milímetro de allí donde está.

Lo venimos diciendo desde el primer día: el diálogo sirve de bastante poco si no desemboca en una negociación efectiva en que el gobierno español reconozca a la otra parte legitimidad para avanzar en las demandas que se plantean desde Catalunya. Si no, acaba siendo un diálogo de sordos, ya que Madrid sabe perfectamente cómo alargar indefinidamente situaciones sin desplazarse lo más mínimo del punto de partida. O, lo que es peor, moviéndose en círculos para acabar en el mismo sitio. Son, de hecho, unos expertos en el control de los tiempos e ir alargando las negociaciones: cuando no hay unas elecciones —Madrid—, hay otras —Andalucía— y, si no, unas de nuevas —municipales y autonómicas, en mayo de 2023— y, así, se agota la legislatura española en el Congreso en un plis plas, la reforma de la rebelión y la sedición queda para otro tiempo y la espada de Damocles de la suspensión de los indultos de los presos políticos por parte del Supremo va y viene sin que se desvanezca por completo.