Aunque borrar todos los mensajes de WhatsApp el día que el Tribunal Supremo te abre una causa por presunta revelación de secretos —en este caso al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el expediente de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso— no te convierte automáticamente en culpable, es evidente que, sin duda, ayuda a cerrar el círculo sobre la presunta inocencia del fiscal. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha sido la encargada de analizar su teléfono móvil, ha llegado a dos conclusiones demoledoras: en primer lugar, no ha encontrado mensajes anteriores al 16 de octubre —el día que a las 9:30 a. m. el Supremo comunicó a los periodistas que le abría causa— y el más antiguo de aquel día es de las 5.04 horas. Segundo, García Ortiz ha eliminado recientemente su cuenta particular de Google, donde estaría alojado el correo de Gmail en el que pidió a la fiscal jefe provincial de Madrid que le enviara los correos entre el fiscal Julián Salto y el abogado de la pareja de Ayuso. 

Nada es concluyente por sí solo, pero por mucho menos a algunos las cosas con la justicia le han ido francamente mal. El Gobierno se agarra a un clavo ardiendo manteniendo en su puesto al fiscal general, ya que es una situación tan insólita que todos salen mal parados. El fiscal porque su situación es insostenible: recientemente, trece de los treinta y cinco miembros de la Junta de Fiscales de Sala han pedido su dimisión, después de que se negase a declarar ante el juez del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ante quien compareció como imputado. Entre los firmantes de la carta están las que fueran fiscales generales Consuelo Madrigal y María José Segarra, el exjefe de Anticorrupción Manuel Moix, los fiscales del procés Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno y la jefa de la Fiscalía Especial Antidroga, Rosa Ana Morán. En la misiva se indica que su renuncia no supone asumir o aceptar ningún tipo de responsabilidad y que dejaría intacta su presunción de inocencia. Algo que, honestamente, el paso de los días solo hace que diluir.

¿Cómo va a ser aceptable que sea el fiscal general del Estado quien siembre dudas sobre la actuación de la justicia?

La institución sale muy deteriorada ante la opinión pública. ¿Cómo va a ser aceptable que sea el fiscal general del Estado quien siembre dudas sobre la actuación de la justicia? Si así fuera, no tendría que ser una causa entre particulares sino un problema de Estado. He defendido a fondo que estos años hemos visto casos de lawfare con los independentistas y, seguramente, la inaplicación de la ley de Amnistía estaría precisamente entre ellos, como lo estuvo el del juicio del procés. Pero nada de eso es comparable a la situación de Álvaro García Ortiz, ya que su caso es mucho más sencillo: ¿hubo o no hubo revelación de secretos en un procedimiento que era, por su propia naturaleza, secreto? Si la hubo, cometió un delito que está tasado con una pena tanto de inhabilitación como de prisión importante. No vale envolverse en la bandera del lawfare cuando siendo fiscal general del Estado has traspasado una línea que no podías cruzar. Es más, la situación privilegiada de la que goza le está permitiendo tener en los tribunales un cierto grado de complicidad de la que otros inocentes no dispusieron durante los años del procés, simplemente por su ideología.

Hemos normalizado tanto lo que es insólito en cualquier país democrático que las noticias judiciales van copando todos los espacios dedicados a la política, y las novedades son tantas que es imposible separar el grano de la paja. Lo cierto es que el suelo que pisa Pedro Sánchez tiene tantos socavones que el vehículo en el que transita solo hace que ir de bache en bache. No solo es el fiscal, sino que asistimos a una lluvia fina de noticias preocupantes. El mismo día que hemos conocido lo de García Ortiz, hemos sabido que la jueza de Badajoz Beatriz Biedma ha pedido a la UCO que vaya a la Moncloa a buscar información del colaborador del hermano del presidente Sánchez. La jueza quiere detalles respecto a los puestos que haya ocupado Luis María Carrero, que ahora trabaja en la Diputación de Badajoz como colaborador de David Sánchez y antes trabajaba en la Moncloa. Para los profanos en la cosa, no es un paso muy normal en las relaciones entre la justicia y la Moncloa, ya que nunca se había llegado hasta aquí. El siguiente paso sería que la UCO se personara en la Moncloa, no pidiendo una información, sino realizando un registro. Y, al paso que vamos, nada es descartable.