Por segunda vez en muy pocos días, y en esta ocasión no a través de una entrevista radiofónica sino desde la sala que se da cuenta de los acuerdos del Consejo de Ministros, el titular de Cultura, Miquel Iceta, ha vuelto a plantear la posibilidad de que el president en el exilio, Carles Puigdemont, se libre a la justicia española, al Tribunal Supremo, para encontrar lo que él define como "soluciones fáciles". Cuando lo dijo la primera vez, la respuesta de Puigdemont desde Bruselas ya fue categórica y le acusó de ser uno de los responsables de fracturar la vida de muchos catalanes. El president en el exilio, que en alguna ocasión ha responsabilizado al ministro de muchas de las cosas que sucedieron en octubre de 2017, ha explicado siempre que el indulto no está en la lista de soluciones y que su marcha a Bruselas ya contemplaba la posibilidad de un largo exilio, algo que solo será solucionable con una amnistía o por la vía de ganar todos los pleitos europeos que aún le restan en Estrasburgo y Luxemburgo, y que le otorgarían una inmunidad total, al menos, sobre el papel.

Si ello es así y el president ha reiterado desde el primer día que no vendría a España a cambio de un indulto, ¿qué es exactamente lo que pretende Iceta? Sobre todo, después de que el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ya le desautorizara el pasado viernes. Cabe la posibilidad de que se haya subido al carro de los que intentan volver a poner encima de la mesa la modificación de los delitos de sedición y rebelión en el Código Penal para adaptar la legislación española a la de otros países, donde estos delitos no existen. Esa vía la defiende básicamente Unidas Podemos y muy especialmente Jaume Asens, y no parece tener un camino fácil ni en la coalición gobernante en España ni entre las fuerzas independentistas catalanas, sobre todo en Junts. Además, en el actual escenario político, donde la sangría electoral del PSOE se hace cada día más evidente, y aún no hemos entrado en la temible crisis de la vuelta de vacaciones, dudo mucho que los socialistas permitieran lanzarse a Pedro Sánchez a una aventura electoral tan peligrosa.

El ministro Bolaños va de farol cuando traslada la responsabilidad de esta cuestión a los independentistas, porque sabe el colosal problema que tendría en sus propias filas. Es cierto, no obstante, que atraer a Esquerra y Junts a una modificación de los delitos de rebelión y sedición no es fácil, ya que no soluciona, ni mucho menos, el problema del exilio, el verdadero problema político existente. Sería un apaño que además contaría con la oposición de los exiliados. ¿Merece, por tanto, un esfuerzo tan grande una cuestión destinada al fracaso? Ciertamente, no. Y Moncloa lo único que está haciendo es marear la perdiz, algo que, por otro lado, no debería sorprendernos tanto. De todas maneras, todo ello antes del encuentro que tendrán Pedro Sánchez y Pere Aragonès el viernes en Madrid, también intenta acercar Esquerra allí donde Moncloa necesita tenerla: dispuesta a aprobar los próximos presupuestos generales del Estado. La secretaria general del partido republicano, Marta Rovira, acaba de declarar que su partido ya no fía más al PSOE y que no habrá deshielo sin resultados sobre la mesa.

Puede ser también que Miquel Iceta esté buscándose una salida política que alargue su trayectoria ante la posibilidad más que probable que el PSOE pierda el gobierno a lo más tardar a finales de 2023. ¿Qué mejor, entonces, que buscar su salida hacia el Ayuntamiento de Barcelona y presentarse como un político que incluso habla de encontrar salidas si Puigdemont se persona en el TS? Cierto que hace pocos días dijo que esta posibilidad es imposible para él contemplarla, ya que se encuentra muy a gusto como ministro de España. Pero que Iceta diga que es imposible tiene un valor relativo, como se vio perfectamente cuando cedió la candidatura al Parlament a Salvador Illa.