Pocas dudas hay a estas alturas de que la Operación Catalunya fue básicamente una operación de estado iniciada en 2012 para acabar con el entonces incipiente proceso independentista catalán. Con base en el Ministerio del Interior y utilizando simultáneamente el aparato político y las cloacas del Estado, se investigó ilegalmente, se construyeron pruebas falsas, se utilizó a periodistas que formaban parte de la trama y, como consecuencia de todo ello, una de las derivadas fue que se manipularon resultados electorales. El hecho de que aquella investigación prospectiva fuera mucho más allá de las filas estrictamente políticas y penetrara en diferentes estamentos de la sociedad catalana —desde el Barça a La Caixa— demuestra, al menos, dos cosas: el pánico que había en aquel tiempo por un movimiento transversal políticamente, muy cohesionado socialmente y extraordinariamente capilar territorialmente, y la impunidad del Estado. que hoy sabemos que sus movimientos seguían el precepto de que contra el procés todo valía, fuera legal o ilegal.

Este lunes se ha sumado con una nueva querella a los juzgados de Madrid el exconseller de Economia Jaume Giró. Es una querella contra el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, el exnúmero 2 de Interior Francisco Martínez, la exministra de Defensa y exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal y el comisario de la policía española jubilado José Manuel Villarejo. Las acusaciones son de los delitos de revelación de secretos, malversación de fondos y organización y grupo criminal. Veremos si en los próximos días se suma con otra nueva querella contra la policía patriótica el expresident de la Generalitat Artur Mas. Al final se está produciendo algo que era inevitable, un goteo de iniciativas judiciales de todas las personas investigadas ilegalmente y a las que se les ha tratado de arruinar, bien sea política o económicamente.

Más de diez años han transcurrido desde el inicio de la operación más tenebrosa puesta en marcha por el Estado contra un espacio político legal y democrático. No ha ocurrido nada igual desde el inicio de la denominada Transición española y no sabemos, y difícilmente sabremos, dónde se situaba la cúpula de la Operación Catalunya. Es evidente cuáles fueron los brazos ejecutores y que se sentaban en el Consejo de Ministros, pero, ¿quién formaba parte por arriba?, ¿qué información tenía?, ¿hasta qué punto el PSOE de aquella época lo conocía y era informado por el ministro del Interior? ¿Si había un señor X, era Mariano Rajoy o estaba aún más por encima? ¿Cuál era el papel del estamento judicial?

La manera como el gobierno de Pedro Sánchez ha tratado de cubrir aquella etapa del Partido Popular —de hecho, la comisión del Congreso languidece sin que se vea ninguna voluntad de que sea realmente efectiva— lleva a pensar que había más acuerdos de los que en realidad conocemos. Después los socialistas han hecho ver que todo les era ajeno, pero han levantado un muro que favorece la impunidad de los que estaban detrás conspirando contra el estado de derecho. ¿Cómo puede ser que este haya acabado siendo un tema de los catalanes y no, en cambio, que haya una gran preocupación en España porque la Operación Catalunya hubiera llegado a producirse? ¿Es qué más allá del Ebro todo vale por la unidad de España?

El estado español no sería más débil si depurara responsabilidades. Hoy aquella etapa ya no puede quedar enterrada debajo de las alfombras de los despachos oficiales. Porque cada vez que parece que el tema desaparece de la primera línea de la información, un tiempo después vuelve con más fuerza y con nuevas noticias. Y ese va a ser el recorrido que va a tener hasta que accedamos a la verdad. Pasará tiempo, no sabemos cuanto, pero no tengo ninguna duda de que toda la verdad se abrirá paso. Y los responsables pagarán sus consecuencias.