Plantea la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, que, a la vista que dicho tribunal condenó en 2019 a los miembros del Govern de Catalunya Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa por el referéndum del 1 de octubre de 2017 y ahora les niega la amnistía, procedería la concesión de un indulto, ya que es excesivo que sigan cumpliendo los cuatro dirigentes independentistas penas de inhabilitación para cargo público. Más allá de la razón que pueda tener el expediente firmado por la teniente fiscal, en base a la reiterada negativa del TS a amnistiar la malversación del 1-O y como respuesta a la petición de un ciudadano particular, que presentó en julio una petición para que el Gobierno indulte la inhabilitación a cargo público, está un argumento de mucho más peso. El indulto sería un paso atrás respecto a la ley de Amnistía.

Los indultos de los que gozan los cuatro presos políticos fueron concedidos por el gobierno de Pedro Sánchez en junio de 2021 y vale la pena recordar que fueron parciales, provisionales y reversibles. Una medida de gracia. ¿Qué quiere decir todo ello? Que el gobierno español, igual que los da, puede pedir la anulación, si considera que no se dan las circunstancias por las que fueron otorgados para mantenerlos vigentes. Una declaración que se considere muy subida de tono, una llamada a la movilización para reclamar de nuevo la independencia de Catalunya o cualquier circunstancia de las que rodearon los movimientos de aquellos años, podría dar lugar a que el ejecutivo español pidiera su anulación o, incluso, que el Tribunal los revirtiera porque no se dieran las condiciones y los hiciera reversibles. Eso, sin olvidar lo más importante: la amnistía es el olvido penal a todos los efectos. No hay reiteración en caso de condena y también viene a ser una victoria política, algo que no es el indulto.

Si la palanca para negar la amnistía no fuera la malversación, se habría encontrado otra

Ese camino, el del indulto, no es, por tanto, transitable. Hay que poner de relieve en España y en Europa el incumplimiento del Tribunal Supremo, que lejos de adoptar una posición jurídica, como es su obligación, está echando un pulso al poder legislativo. No es un tema, como sostienen los magistrados, de que hay un resquicio legal por la malversación, ya que el 1-O supuso un enriquecimiento de los condenados, puesto que lo habrían tenido que pagar ellos. La ley está bien clara. Otra cosa es que, una vez más, se haga una interpretación sesgada para impedir el objetivo de los legisladores: amnistiar a todos los condenados, procesados o pendientes de juicio que tengan causas relacionadas con el proceso independentista desde su mismo inicio. Los jueces, al agarrarse al tema de la malversación, están haciendo algo gravísimo, son ellos los que deciden y el poder legislativo no tiene manera de imponer su voluntad. Porque, no hay duda, de que si la palanca para negar la amnistía no fuera la malversación, se habría encontrado otra.

No es este el único caso en que la ley de amnistía continúa sin llegar a sus beneficiarios. No llega a los políticos y excargos de Junts y ERC, tampoco a los síndics del 1-O y ahora es el turno de la decena de excargos de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), investigados por unos gastos por el 1-O. El titular del juzgado de instrucción 16 de Barcelona y el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) juegan entre ellos como el perro y el gato, pasándose la pelota de unos a otros. Así, el juzgado 16, que investiga una querella de la Fiscalía por los delitos de malversación de fondos, fraude y exacción ilegal, ha vuelto a enviar la causa de la ACM al TSJC y patada hacia adelante. Poco parece importar que el magistrado se quita la responsabilidad de analizar si les ha de aplicar la amnistía, como exige la ley. Lo importante solo es una cosa: retardarla el máximo posible. Las facilidades de la ley del olvido parece que solo sean para los policías. Y así, lejos de ir en el paquete de amnistiados, parece ser que son ellos los principales —también en número— beneficiados.