Las demoledoras revelaciones de la abogada Magda Oranich sobre las presiones que ha recibido de Laura Borràs por el informe relativo a Francesc de Dalmases, lejos de zanjar el asunto, ponen de relieve métodos de actuación absolutamente inaceptables. El informe se ha elaborado por encargo de la comisión ejecutiva de Junts e investiga las presiones del diputado y vicepresidente de Junts dirigidas a la subdirectora del programa FAQS de TV3, Mònica Hernàndez. Dalmases no es el primer político que utiliza su posición de fuerza con un medio de comunicación, ni tampoco es el primero en tener un comportamiento injustificable con una periodista, pero eso no puede servir de excusa a su partido para esconder la cabeza debajo del ala. La comisión ejecutiva de Junts pidió el informe, la abogada Oranich lo ha hecho rebajando incluso algunas conclusiones del mismo y ahora el partido del president Carles Puigdemont tiene que obrar en consecuencia con lo que allí se dice y ha declarado públicamente la instructora.

Oranich, a sus 77 años y alrededor de 50 años ejerciendo como abogada, tiene un currículum suficientemente sólido como para no necesitar que nadie salga en su defensa. No lo haré, aunque me permitiré un apunte biográfico: sus inicios como abogada de Salvador Puig Antich e integrante del equipo jurídico de una de las últimas personas ejecutadas por el franquismo, el militante de ETA Jon Paredes Manot, Txiki, en el consejo de guerra sumarísimo celebrado el 19 de septiembre de 1975 son excelente carta de presentación. A partir de aquí, cinco décadas como defensora de los derechos humanos y abogada no en decenas sino en cientos de casos de mujeres víctimas de violencia de género y de víctimas de malos tratos en orfanatos franquistas. No hace falta seguir, ya que su biografía la deja a buen recaudo de cualquier crítica gratuita e interesada que se le pueda realizar. El informe Oranich es ciertamente material explosivo y la desautorización de Dalmases hablando de sospechas de tendenciosidad deja la pelota directamente en la mesa del secretario general del partido, Jordi Turull.

En las cinco hojas del informe se dice literalmente y en diferentes momentos que Oranich se ha entrevistado o ha hablado por teléfono con alrededor de 20 personas para conocer los hechos acaecidos en los estudios de TV3 durante el programa FAQS del 9 del pasado mes de julio; que considera probado que se vivieron momentos de mucha tensión, muy especialmente una situación incómoda desde muchos puntos de vista, incluyendo la laboral; que Dalmases expresó su indignación sobre cómo había ido el programa y cogió a la productora por el brazo, haciéndola entrar en una pequeña sala donde esperan los invitados; que la periodista Mònica Hernàndez se sintió intimidada, que existió mucha tensión y muchas de las personas presentes sintieron un importante grado de estrés; que la actitud del diputado Francesc de Dalmases el día 9 de julio fue incorrecta; y que el Sr. diputado Dalmases perdió los nervios, y perder los nervios de manera tan exagerada y en público es una situación a evitar, y más aún cuando quien los pierde es un representante público.

El informe deja abierta la posibilidad de una sanción en el último párrafo: "Si se considera oportuno adoptar alguna decisión al respecto, recomendaría remitir este informe a la Comisión de Garantías de Junts, a fin de que estudie el tema y efectúe la propuesta que considere oportuna". Así, acaba trasladando la patata caliente a los órganos correspondientes del partido. La actitud de Borràs o de la vicepresidenta de Junts y diputada en el Parlament, Aurora Madaula, a través de algún wasap intimidatorio, pese a que ninguna de las dos han hablado en público del caso, ni han hecho tuit alguno al respecto, unido a las acusaciones vertidas en el informe Oranich, ha reabierto la convivencia interna en el seno de Junts con sectores importantes de la organización que no están dispuestos a darle carpetazo sin más y pasar página como si tal cosa.