El pronunciamiento del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea supone un auténtico jarro de agua fría para los políticos independentistas exiliados en Bélgica y el inicio de una batalla judicial de resultado incierto para el president Carles Puigdemont y los consellers Toni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig. El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena obtiene una victoria en una cuestión nada menor y le acerca a una situación impensable hace unas pocas horas después de un sinfín de derrotas judiciales en Bélgica, fundamentalmente, pero también en otros países europeos. Si hacemos caso a otros procedimientos judiciales del TJUE, la opinión del abogado Jean Richard de la Tour es muy significativa a la hora de predecir la resolución que acabará teniendo el tribunal, ya que acostumbra a coincidir. No obstante, hay precedentes suficientes para considerar que esta norma de carácter general ha sido diferente en varias ocasiones.
Estamos, sin duda, y así debe señalarse, ante una mala noticia que, en parte, desanda el camino realizado desde noviembre de 2017, fecha en que el equipo jurídico de los exiliados políticos armó una doctrina que les ha permitido llegar hasta aquí sin grandes sobresaltos. ¿Qué debería pasar para volver a la casilla en la que estaba todo el procedimiento judicial en Luxemburgo hasta hace unas pocas horas? Armar jurídicamente una posición que permita argumentar que en España hay un riesgo de vulneración de un derecho fundamental a partir de demostrar deficiencias sistémicas y generalizadas en el funcionamiento del sistema judicial español.
¿Es posible demostrarlo? Seguramente sí, y solo hace falta ver o escuchar las conversaciones entre policiales, jueces y periodistas que se están publicando estos días para ver como se ha conspirado para crear pruebas falsas, se han publicado noticias falsas e incluso jueces importantes han aparecido en el marco de toda esta perversión de la verdad. Pero después de lo que ha sucedido este jueves, hay que ser especialmente cauto con las expectativas, ya que la evidencia de las pruebas no va a garantizar un resultado positivo. ¿Por qué? Pasar a España del club de los países con un cierto estándar democrático con los de su entorno a la situación que se padece en Turquía, Polonia o Hungría no es cuestión sencilla, pero eso y no otra cosa es lo que se le pide al equipo jurídico de los exiliados catalanes, que demuestren las deficiencias sistémicas del sistema judicial español.
El independentismo catalán ha puesto su confianza en la justicia europea, en la que si hasta ahora se habían obtenido grandes victorias, este miércoles ha tenido un contratiempo importante. Pero es ahí, en Europa, donde tiene que seguir pidiendo justicia. El camino andado no debe desandarse, aunque de golpe haya habido un inesperado contratiempo. La resiliencia demostrada por el president Carles Puigdemont y el resto de exiliados se hizo evidente nada más conocerse el pronunciamiento del abogado general del TJUE. "Lucharemos hasta el final y sin rendirnos, sin renunciar. Todos los escenarios posibles los tenemos identificados y, por tanto, sabemos qué es lo que hemos de hacer en cada uno de ellos. Desde el más favorable al más desfavorable". Está claro que a partir de ahora se abren unas incertidumbres que no existían y que habrá que ver el margen que deja la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que emitirá su fallo a la vuelta del verano.