Se cumple este lunes el séptimo aniversario de la multitudinaria manifestación del 10 de julio de 2010, la primera gran movilización de la transición española que ponía en jaque a los poderes del Estado desde Catalunya. Visto con perspectiva, aquella gran concentración supuso para muchos catalanes el punto final a tres décadas, con sus luces y sus sombras, en que la aportación política, intelectual, social, financiera y económica desde Catalunya no había tenido la respuesta esperada. Una vez más, y ahí está la historia para ratificarlo, el catalanismo había pecado de ingenuo. Ni había conseguido cambiar España, ni disponía del poder suficiente para aguantar las embestidas contra su autogobierno que ya se empezaban a vislumbrar en el horizonte. Esa manifestación después de la humillante sentencia del Tribunal Constitucional tenía unos destinatarios evidentes, que eran los magistrados redactores de la sentencia. Pero también el PP y el PSOE, los dos grandes partidos hegemónicos de la transición, y el rey Juan Carlos I, que ejercía como jefe del Estado, pero que había abandonado aquel papel arbitral que puede justificar la monarquía, y sus ocupaciones eran otras.
Cuando esta semana han reaparecido Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero hablando de Catalunya y expresando su oposición radical al referéndum del 1 de octubre, todos los medios impresos y de televisión les han aplaudido. Ni uno solo ha hecho la más mínima alusión, ni el más mínimo reproche a los destrozos de sus gobiernos en el imaginario catalán. A la humillante sentencia de unos señores haciendo caso omiso a lo que habían votado cuatro (!) años antes los ciudadanos de Catalunya. Un apunte del que se habla poco: el referéndum era acordado y el Estado despreció lo que los catalanes votaron. Es normal que el Estado deje hacer, a la vista de lo que se puede leer estos días en medios que otrora debían ser leídos y hoy son una caricatura. Uno, editorializando sobre las bondades de artículo 155 de la Constitución; otro, recogiendo que la vía para desactivar al Govern es la ley de Seguridad Nacional. Y aún no hemos hablado del ABC y La Razón. O sí, porque no hay diferencia.
Aquella manifestación fue la semilla del momento actual. No están todos los partidos de aquel momento, pero muchos más ciudadanos que las siglas que hoy apoyan el referéndum, como se observa invariablemente en todas las encuestas. Todo era bastante previsible y se advertía en aquel editorial conjunto de la prensa catalana, publicado ocho meses antes de la manifestación del 2010 y de la sentencia del Estatut: "Que nadie yerre el diagnóstico, no estamos ante una sociedad débil, postrada y dispuesta a asistir al menoscabo de su dignidad".