La Abogacía del Estado se ha escabullido, finalmente, de la presión del Tribunal de Cuentas y de su presidencia, que perseguía imperiosamente un pronunciamiento suyo. Alegando conflicto de intereses, ha evitado valorar la legalidad de los avales por 5,4 millones de euros presentados por la Generalitat, a través del Institut Català de Finances, para una treintena de miembros del Govern entre 2010 y 2017 entre los que están los presidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, el vicepresident Oriol Junqueras y diversos consellers como Andreu Mas-Colell, Francesc Homs y Raül Romeva, entre otros, por la política exterior de la Generalitat

Aunque el Tribunal de Cuentas puede tirar por la calle de en medio sin encomendarse a nadie, la posición del informe de la Abogacía, dirigida por Consuelo Castro, no es tan neutro como su decisión pueda a primera vista parecer. Así, después de excusar su posición por un posible conflicto de intereses y riesgo de nulidad en la causa, señala que "el enjuiciamiento de los actos que se dicten debe realizarse conforme al decreto ley de la comunidad autónoma de Catalunya 15/2021 de 6 de julio de creación del Fondo Complementario de Riesgo de la Generalitat de Catalunya, ya que es una norma con rango de ley que ni ha sido declarada inconstitucional ni ha sido suspendida cautelarmente en su eficacia".

Cierto que el lenguaje jurídico es suficientemente farragoso para perderse fácilmente en los matices, pero no es una cuestión menor que la Abogacía le diga al Tribunal de Cuentas algo que no se le debería pasar por alto en condiciones normales como que el decreto ley no ha sido declarado inconstitucional, ni tampoco suspendido. Que sea suficiente para detener al Tribunal de Cuentas en la persecución implacable que ha practicado contra el independentismo, un órgano con su mandato más que caducado, ya es harina de otro costal.

El hecho de que el abogado del Estado en el Tribunal de Cuentas ya se pusiera de perfil en primera instancia y ahora haga lo propio la Abogacía del Estado viene a reforzar algo que he señalado en más de una ocasión. Desde la conselleria de Economia se hizo un trabajo de orfebrería jurídica, poniendo encima de la mesa un artefacto que, además de ser absolutamente legal, es imposible de desactivar jurídicamente si las cosas se quieren hacer atendiendo a la legislación actual.

En estos meses, el conseller Jaume Giró ha evitado el recurso ante el Constitucional, ha logrado que el Consell de Garanties Estatutàries —donde hay, además de miembros escogidos por los partidos independentistas, representantes del PSC, los comunes y el PP— lo haya aprobado por unanimidad y que el pleno del Parlament lo validara con una amplia mayoría que solo tuvo en contra a 20 diputados de Vox, Ciudadanos y PP. Ya hemos visto  en estos años que, muchas veces, todo esto sirve al final de bastante poco, ya que el Estado español, si quiere, tira por la calle de en medio. Veremos ahora que la pelota ha vuelto al Tribunal de Cuentas si se lía la manta a la cabeza o hace caso de las indicaciones que sutilmente le ha sugerido la Abogacía del Estado.