El acuerdo entre el vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, y la ministra de Transportes y exalcaldesa de Gavà, Raquel Sánchez, sobre la ampliación del aeropuerto de El Prat, con una inversión de 1.700 millones de euros, con el objetivo de posicionar Barcelona como un hub internacional a nivel europeo, unido al compromiso de que esté conectado con tren AVE con los aeropuertos de Girona y Reus, supone trazar una malla aérea entre los tres aeropuertos catalanes y un impulso significativo para todos ellos.
El Govern, que deseaba un calendario más lento en la adopción de la decisión final, ha tenido que bailar al ritmo del ministerio y Aena: era ahora o nunca. En esta tesitura, tenía que ser ahora, ya que el riesgo de perder la inversión era alto y la presión de los agentes económicos catalanes sobre el Govern aún más. La posición netamente favorable de Junts —al menos, de la parte del partido que ahora está en el Govern— ha acabado actuando como una presión más hacia Esquerra, que teme la oposición contundente de la CUP y también, en parte, de los comunes. Aena se ha salido con la suya, pero el Govern no ha errado en su decisión, ya que dejar pasar la oportunidad hubiera mermado económicamente Catalunya.
La noticia, que se conoció simultáneamente a la primera reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat, eclipsó esta cita entre los dos gobiernos. En parte por la potencia de la noticia de la ampliación del aeropuerto, pero también porque el gobierno español hizo de trilero en la cita entre los dos ejecutivos: compromisos a largo plazo, calendario de acuerdos lo más alargado posible en el tiempo. El objetivo del gobierno español de moverse en acuerdos autonómicos sin soltar el freno de mano es una estrategia evidente para tener al Govern sentado el mayor tiempo posible en la mesa de negociaciones, aunque sean migajas lo que obtenga a cambio.
De la lista de 56 traspasos pendientes, que se remonta su petición de transferencia a los presidents Artur Mas y Carles Puigdemont, este lunes se ha desbloqueado uno, el de las becas universitarias para el curso 2022/23. De los otros 55 se empezará a hablar en otras tantas comisiones. Un calendario que no permite ser optimista y que puede prolongarse durante años.
Uno no puede menos que preguntarse que si para estos asuntos tan sencillos como son transferencias que figuran en el Estatut, el Estado marea tanto la perdiz, ¿cómo será posible avanzar en la mesa de diálogo del conflicto entre Catalunya y España en la que el Govern se ha comprometido a llevar la demanda de amnistía, referéndum y autodeterminación?