Sin apoyos en Madrid y tampoco en Catalunya. Así de duro es el camino que tiene por delante la propuesta estrella del president de la Generalitat, Pere Aragonès, que en su intervención inicial en el Parlament en el marco del debate de política general propuso un acuerdo de claridad para conseguir un referéndum acordado con el Estado, en línea con lo que se aprobó en Canadá en el año 2000 después de que el Quebec celebrara dos referéndums unilaterales. Con una velocidad inusitada, aún no había pasado una hora cuando La Moncloa echaba por tierra cualquier posibilidad a que hubiera un camino transitable para Aragonès en esta dirección. No hizo falta que salieran el PP, Vox y Ciudadanos, ya que la partida, al menos en esta fase, se había acabado. En Catalunya pasó otro tanto: solo los comunes le dieron un cierto apoyo, condicionado a que hubiera un consenso más amplio y, como es obvio, que lograra el apoyo de Junts per Catalunya del que carece.
Pese a que Aragonès, con mentalidad de corredor de fondo, se mostró dispuesto a perseverar en su propuesta y seguir un camino similar al de la mesa del diálogo —sin avances en la amnistía y el referéndum— el tiempo que hiciera falta, los presagios no pueden ser optimistas. Como tampoco lo fueron en el pasado cuando otros lo propusieron: los comunes en 2018 en un debate similar al de este martes y, además, lo llevan en su programa electoral como le recordó su portavoz Jéssica Albiach; el entonces president del Parlament y ahora conseller de Indústria, Roger Torrent, en 2019 en un desayuno informativo; y, mucho antes, en 2016, incluso lo planteó el entonces primer secretario del PSC y hoy ministro de Cultura, Miquel Iceta. Los socialistas se revolvieron contra Iceta llegándole a plantear que escogiera entre el PSOE y el referéndum y rápidamente recogió velas. Salvador Illa, que recuerda a buen seguro lo que le pasó entonces a su compañero de partido, ha optado por no dar un mínimo pábulo a la propuesta invitando a Aragonès a huir de las promesas inasumibles.
Despejada la propuesta estrella de la jornada, el debate tuvo tres elementos de interés. El desencuentro con Junts, la irrupción del socialista Ximo Puig con su rebaja fiscal y las medidas económicas para luchar contra la crisis. La intervención de Albert Batet fue dura y contundente, en línea con la ebullición que hay en la cúpula de Junts per Catalunya por hacer un pulso sobre su permanencia en el Govern y la frialdad de Aragonès por darles una salida cómoda, en la que aparezcan sus adversarios como grandes vencedores. Es difícil poder ponerte muchas medallas cuando tu socio prefiere que te vayas y, además, cargues con el sambenito de haber roto un gobierno independentista.
El invitado de la jornada estaba en las Corts Valencianes, donde el president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció una importante rebaja de impuestos, muy centrada en la del IRPF para rentas de menos de 60.000 euros. Por arte de magia, la rebaja fiscal dejaba de ser un tema de derechas y la izquierda, a través de Puig, también se apuntaba a ella, liderando un gobierno del que forman parte Compromís y Unides Podem. No van a ser pocos los que se beneficien de la propuesta fiscal de Puig si el PSOE no le obliga a tirarla atrás: el 97% de la ciudadanía quedará afectada de una u otra manera. Es probable que Puig haya visto la propuesta de bajada de impuestos como una tabla de salvación para continuar al frente del Ejecutivo autonómico ante el auge del Partido Popular. No lo sé. Pero su envite ha molestado en La Moncloa y ha abierto la caja de los truenos en la izquierda en una carrera que antes ya hicieron la madrileña Isabel Díaz Ayuso y el andaluz Juanma Moreno.
La resistencia de Aragonès a abrir el melón de la bajada de impuestos —Junts lo lleva en su programa y fue aprobado en el último congreso— tiene fecha de caducidad, si no al tiempo. Por la tarde, Galicia también se subió al carro con su propuesta de deflactar el IRPF a las rentas inferiores a 30.000 euros. Por algún sitio, en algún momento, se tendrá que compensar la pérdida de poder adquisitivo para los ciudadanos ante la imparable subida de la inflación y mirar hacia otro lado no es la solución. Las medidas económicas aprobadas como la ampliación de la T-Jove de los 20 a los 30 años quedan también superadas con la propuesta de Ximo Puig de gratuidad del transporte público hasta los 30 años.
Un último apunte. Mientras el president Jordi Pujol se recupera de su ictus en su domicilio con visitas al Instituto Guttmann, no deja de causar sorpresa que primero Salvador Illa, del PSC, y después Carles Riera, de la CUP, se acordaran del titular de la Generalitat entre 1980 y 2003 durante el debate de política general y le citaran en términos elogiosos. El primero, animando a Aragonès a que viaje al extranjero —"Viaje y con dignidad. Jordi Pujol puso el listón muy alto"— y, el segundo, apuntando que Pujol habría sido más contundente y atrevido que Aragonès en este debate parlamentario.