Solo hace falta alzar un poco la mirada del documento suscrito entre el Partido Socialista Obrero Español y Junts per Catalunya y ver el enorme revuelo que se ha organizado en las formaciones políticas de la derecha, medios de comunicación españoles, la totalidad de las asociaciones judiciales y de fiscales, los inspectores de Hacienda y las convocatorias urgentes de organizaciones diversas, desde la CEOE a la Conferencia Episcopal, para denunciar y oponerse a lo firmado, para calibrar lo que supone que Pedro Sánchez y Carles Puigdemont hayan dado —a la espera del PNV— el disparo de salida a la legislatura española. Los cuatro folios del acuerdo abren expectativas de cambio: desde la amnistía a una negociación de tú a tú para abordar el reconocimiento nacional de Catalunya, donde Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político del país. También una modificación de la Lofca para que se establezca una cláusula de excepción a Catalunya, que reconozca la singularidad en que se organiza su sistema institucional y que facilite la cesión a la Generalitat del 100% de todos los tributos que se pagan en su territorio.

El acuerdo en sí es, sobre todo, una autopista por la que poder circular a partir de una especie de preámbulo —se le denomina "antecedentes"— que PSOE y Junts comparten a la hora de explicar por qué hemos llegado hasta aquí. Ambos partidos se remontan a los Decretos de Nueva Planta "que abolieron las constituciones e instituciones seculares de Catalunya", consecuencia de la caída de Barcelona en 1714. También constatan que las cuestiones lingüísticas y culturales han sido objeto de una limitación legal severa e incluso de una prohibición y persecución activa, para concluir, ambos partidos, que ello ha comportado que "una parte relevante de la sociedad catalana no se haya sentido identificada con el sistema vigente a España". Al cumplirse este jueves el noveno aniversario de la consulta del 9-N, es significativo el encaje de bolillos que se ha hecho y también por el referéndum del 1-O. "Las instituciones catalanas promovieron, primero, una consulta popular el 9 de noviembre de 2014, y después un referéndum de independencia el 1 de octubre de 2017 —los dos suspendidos y posteriormente anulados por el TC— con una participación masiva a favor de la independencia de Catalunya", señala el documento.

El acuerdo en si entre el PSOE y Junts es, sobre todo, una autopista por la que poder circular a partir de un preámbulo que se remonta a 1714 

Pero la importancia del documento y sus expectativas futuras hay que buscarlas en dos puntos: la amnistía y el mecanismo internacional que tendrá las funciones de acompañar, verificar y hacer seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos a los que se llegue. Veamos. La ley de amnistía incluirá tanto los responsables como a los ciudadanos que antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017 han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a esos hechos. La aceptación del lawfare, que ha sido motivo de discusión hasta la extenuación de los dos partidos, entra por una vía indirecta: "Las conclusiones de las comisiones de investigación de esta legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que se puedan derivar situaciones comprendidas en el concepto de lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, si es necesario, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o de modificación legislativa". Ahí ha estado y sigue estando uno de los caballos de batalla que veremos cómo solventa la ley de amnistía cuando se presente el lunes en el Congreso de los Diputados.

Y resta la que va a acabar siendo piedra angular del acuerdo: el mecanismo internacional de verificación. Si eso que no es una mesa por lo que tiene para Junts de maldito el nombre y que se denomina "mecanismo", y que se reunirá mensualmente, el partido de Puigdemont lo convierte en un "yo te doy, tú me das" permanente o, por el contrario, la legislatura colapsa y se va a nuevas elecciones, el recorrido a realizar puede ser importante. A Junts, el hecho de no tener parcelas de poder a defender —están fuera de las principales instituciones catalanas— le debería permitir concentrarse en defender la posición en Madrid e ir rebañando poder en cada negociación. Y plantear con la autoridad que dan los siete diputados los temas más conflictivos.

Esa será, a partir de ahora, la partida a jugar y el verdadero termómetro para valorar la temperatura del acuerdo firmado este jueves en Bruselas.