Una reunión de tres horas, la constatación de la naturaleza política del conflicto entre Catalunya y España y, en consecuencia, que la solución solo puede ser política; el reconocimiento de que cualquier acuerdo que se adopte en la mesa de diálogo se formulará en el marco de la seguridad jurídica y la celebración de reuniones mensuales de los negociadores de ambos gobiernos con la presencia cada seis meses de los presidentes son los cuatro acuerdos alcanzados en la primera cumbre celebrada en la Moncloa entre los ejecutivos de Pedro Sánchez y el de Quim Torra.

Con estos compromisos públicos cabe dar por abierta la escéptica fase de negociación iniciada, en la que por ahora existe un acuerdo en el calendario y una abierta discrepancia sobre los temas a abordar. El Govern insistió en el derecho a la autodeterminación, la amnistía y el mediador, mientras el gobierno español, por boca de la ministra portavoz, María Jesús Montero, reconocía una obviedad: "Aún estamos en las antípodas en los puntos claves de la resolución del conflicto".

El hecho de que el president Torra pudiera expresar con nitidez y sin cortapisas las demandas catalanas en una mesa entre gobiernos da una visualización institucional al conflicto que es innegable. Al mismo tiempo, pone un reto sobre cómo podrán continuar las reuniones mensuales ya que es obvio que ésta no es la comisión de transferencias, sino la encargada de abordar el conflicto. En cualquier caso, esta es la gran arma del gobierno catalán ya que es evidente que el gobierno español jugará a confundir una con la otra. Ni Torra ni Aragonès han de consentirlo ya que, por ejemplo, el gobierno vasco no ha necesitado constituir una mesa de diálogo para asumir una competencia tan importante como la gestión de la Seguridad Social. Irá, lógicamente, a la comisión de transferencias.

Una última cuestión. Oyendo a la ministra portavoz declarar que la próxima reunión con los presidentes sería no más tarde que dentro de seis meses, es fácil pensar que Torra quiera apurar el margen hasta que la convocatoria electoral catalana se celebre, con resultados o sin ellos, pero que los catalanes dispongan de esta información a la hora de ir a las urnas. Todo ello no hace sino ratificar que si el Tribunal Supremo no lo descarrila con la inhabilitación del president de la Generalitat, la fecha del 1 de octubre como jornada electoral es la más probable.