Como muchos catalanes recordamos bien, el pasado domingo, día de la jornada electoral, se produjo un hecho gravísimo: un robo de cobre dejó sin servicio la totalidad del servicio de Rodalies. Fue un caos absoluto de una infraestructura que hace años que deberíamos gestionar en su totalidad y que los diferentes gobiernos españoles regatean una y otra vez y venden incluso como transferencia integral lo que ya veremos qué acaba finalmente siendo. De entre las muchas vergüenzas de esta última crisis en Rodalies por el robo de cobre, está esa actitud chulesca del ministro de Transportes, Óscar Puente, pretendiendo sacudirse las responsabilidades y traspasándoselas a los Mossos d'Esquadra, a quienes acusó de ineficaces. Generalitat y gobierno del Estado se enzarzaron en un rifirrafe que provocó una crisis institucional en la que, como sabemos por experiencia, nada a ganar tenemos los catalanes frente a la implacable maquinaria y el poder español, que actúa como una apisonadora.

Obviamente, Puente no dijo la verdad y, este jueves, el juzgado de Cerdanyola del Vallès, que fue el que recibió la denuncia de Adif, ha dicho que no lo investigará y que hacía caso a los Mossos. El corte se había hecho en Barcelona y le toca a un juzgado de la capital asumir la investigación de este hurto de cobre. Por cierto, la cantidad robada no era, como dijo Adif, de 40 metros sino de 120. Tampoco no había indicios de sabotaje como sostuvo el ministerio en una historia que ahora se desmonta. Dentro de la gravedad que supone el maltrato permanente en una infraestructura básica para los catalanes, estaría bien que en las negociaciones que se abrirán para formar el nuevo Govern después de los resultados electorales que se han producido —aunque tampoco sabemos en qué se acabarán concretando y si iremos a nuevas elecciones— hubiera un hilo conductor de lo que Catalunya no debe seguir aceptando como un mal que no tiene solución alguna.

La agenda de país debería incluir infraestructuras, financiación, inmigración y mundo rural y lengua y educación

Debería ser lo más parecido a una agenda compartida de la centralidad política, ya que lo que sí han dejado claro las últimas elecciones catalanas es que los partidos del no por el no y el bloqueo del progreso han sido barridos allí donde los ciudadanos esperan respuestas. Basta mirar lo que ha sucedido en Tarragona —el complejo Hard Rock—; en Lleida —los Juegos de Invierno del Pirineo— o Barcelona con la ampliación del aeropuerto de El Prat. Algunos vetos deberían levantarse porque la ciudadanía se ha expresado mayoritariamente en una dirección. Esa agenda debería incluir, al menos, cuatro grandes carpetas que son transversales y de país: infraestructuras, financiación, inmigración y problemática del mundo rural y lengua y educación. En las cuatro, debería haber un gran acuerdo para dar un salto total y girar como un calcetín las reglas de juego.

En parte, van unidas porque del nuevo modelo de financiación —tanto da como se llame: si específico, singular o personalizado— debe colgar todo lo demás. No se trata de dar un paso, sino de poner punto final a la situación actual y exigir un modelo de financiación que nos acerque al de los vascos, tenga el nombre que tenga. Es el momento, y no se debe renunciar a él. Esa manera de utilizar el poder político debe desembocar en un control de las infraestructuras y una modificación radical de las inversiones fijadas en los presupuestos del Estado. Un euro que figure en las cuentas públicas y no se ejecute tiene que ser un euro que se reembolse a la Generalitat para que pueda agregarlo a los presupuestos. La inmigración debe entrar en la agenda, como ha entrado en los países de nuestro entorno. Nada mejor que el análisis se realice desde Catalunya y las propuestas que se hagan sean desde aquí con el control de los mecanismos para poder actuar en el país del presente y con las necesidades de ahora. 

Hasta que no entendamos la emergencia en todas estas carpetas, el país no dará el salto que necesita y que ya no puede esperar. Y sí, hay dos candidatos a ostentar el Govern que han expresado su disposición y tienen legitimidad para ello: Salvador Illa y Carles Puigdemont. Será un problema de mayorías y de alianzas para no quedar obligados a nuevas elecciones.