La consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, exiliada en Bruselas desde la supresión de la autonomía catalana y la aplicación del 155, ha abandonado Bélgica y se ha reincorporado a la universidad escocesa de Saint Andrews, donde ya había ejercido como catedrática de Economía y Trabajo. Ponsatí, la persona que gestionó con indiscutible éxito que los centros escolares pudieran servir como colegios electorales en el referéndum del 1 de octubre, lo ha anunciado personalmente después de unos días en Escocia y amplía así, por la vía de los hechos, la diáspora del exilio de políticos catalanes fruto de la represión del Estado español. El movimiento de Ponsatí amplía el radio de resonancia del conflicto catalán a un tercer país —el Reino Unido— después de Bélgica, donde reside el president Carles Puigdemont ahora con otros tres consellers, y Suiza, donde se ha exiliado la ex diputada de la CUP Anna Gabriel.

La nueva residencia de Ponsatí en Escocia, esperada desde hace algunas semanas, no hace sino poner nuevamente de relieve la inconsistencia a nivel internacional de la macrocausa abierta por la justicia española por rebelión y sedición. Después del fracaso de aquella primera euroorden presentada por la justicia española en Bruselas en los primeros días de noviembre y retirada semanas después por la certeza de que no sería admitida por los tribunales belgas, no ha habido ningún movimiento fuera de las fronteras españolas. El juez Pablo Llarena retiró la euroorden en diciembre, utilizó después un razonamiento tan inopinado para no pedir la detención de Puigdemont en su viaje a Copenhague del pasado mes de enero como decir que no la formulaba porque era lo que buscaba el president. Y, hace tres semanas, fue Anna Gabriel la que anunció su nueva residencia en Suiza y, pese a que el fiscal también pidió al juez que cursara la orden de detención, este tampoco hizo nada.

El nuevo movimiento del exilio catalán en el tablero europeo vuelve a ser importante. El Reino Unido tiene una legislación que hace difícil una traslación de la equivalencia de delitos que se han formulado en España contra el independentismo catalán donde, sin que se hubieran producido actos de rebelión y sedición, todo el Govern está acusado de ello. Es muy posible, por tanto, que Llarena vuelva a ser extremadamente prudente en un movimiento que obligue a la justicia del Reino Unido a pronunciarse y gane tiempo, la mejor decisión para no recibir una hipotética negativa. Lo veremos en los próximos días. Pese a ello, la impresión generalizada de una justicia que adopta decisiones poco acordes con el derecho no es pequeña.

En este caso, además, la actuación de Llarena se junta con la prohibición al candidato a la presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez, a abandonar la prisión de Estremera para la sesión parlamentaria de su investidura. Todo ello puesto por escrito en un auto del magistrado instructor que tiene en muchos párrafos más de político que de judicial. De una manera especial aquel que viene a referir que "el candidato ha revalidado su compromiso delictivo, integrándose en la candidatura de Junts per Catalunya", algo que viene a situarse, si no fuera, al límite de la ley.

No deja de ser preocupante que la justicia española no encuentre homologación europea con los delitos que trata de imputar y que mientras tanto Junqueras, Sànchez, Forn y Cuixart sean privados de libertad en una injusta prisión provisional que parece no tener fin.