Reconozco que he tenido que leer varias veces la noticia para poder darle credibilidad: la Guardia Civil incorporó al sumario de la operación Volhov la primera página de un libro que lleva por título El secreto de la clandestina, originariamente escrito en ruso y más tarde traducido por Josep Lluís Alay al castellano y al catalán, como un supuesto informe ruso que probaría su conexión con el espionaje de aquel país. Solo la burda operación policial y el hecho de que el supuesto documento encontrado en el móvil de Alay se corresponda en toda su literalidad con la primera página del libro le ha permitido al político independentista salir airoso de este truculento incidente.

La información, filtrada convenientemente a un medio escrito de Madrid, vinculaba a un periodista del Pravda, nieto de un exministro de Asuntos Exteriores y antiguo jefe del servicio de Inteligencia exterior, el SVR, con una entrevista al president Puigdemont -Alay es el jefe de su oficina- en Bruselas. Pues bien, Alay, que como profesor universitario e historiador se dedica a la traducción de libros rusos, tenía las primeras páginas del libro que había traducido y que explicaban qué era el SVR no a partir de ningún confidente ruso sino del puño y letra de su autora, Elena Vavilova.

Tal ha sido la mofa de la actuación de la Guardia Civil que la propia editorial, Símbols Editors, ha entrado también al trapo pidiéndole disculpas a Alay, no sin cierta sorna: "Señor Alay, sentimos las molestias que la traducción de El secreto de la clandestina le ha ocasionado. Sinceramente, nunca hubiéramos imaginado que sería utilizado para detenerlo e incriminarlo". Hasta aquí, algo que es tan inexplicable que incluso 24 horas depués de su publicación nadie ha sido capaz de dar explicación alguna. Aunque lo cierto es que Alay fue detenido en octubre de 2020, le requisaron el teléfono y diversa información que guardaba en el aparato se ha ido divulgando sin aparente control alguno.

La Volhov ha sido la última de las grandes operaciones judiciales puestas en marcha para incriminar al independentismo. Desde el juzgado número 1 de Barcelona que lleva el magistrado Joaquín Aguirre se ordenaron varias detenciones, algunas muy sonadas por su importancia mediática y política, y el caso sigue bajo secreto de sumario. Ya en su día se dijo que buena parte de las supuestas pruebas eran sobre todo meras conjeturas. La chapuza de Alay no hace sino confirmar que hay demasiado corta y pega, una vez más, cuando se trata de incriminar en alguna causa judicial a independentistas catalanes.

En este caso, la falsedad de la prueba ha acabado siendo tan evidente que no tendrá consecuencias para Josep Lluís Alay. Pero uno no puede más que preguntarse y alarmarse sobre cuál es el final cuando la chapuza cometida no es tan evidente y el asunto cae meridianamente por su propio peso. ¿Entonces, qué sucede con la presunción de inocencia y con el desenlace final?