No por esperada deja de causar preocupación y estupor la reacción de los fiscales del Tribunal Supremo oponiéndose a aplicar la ley de amnistía aprobada en el Congreso de los Diputados. La argucia de la malversación, alegando enriquecimiento personal de aquellos ex presos políticos sobre los que recayó una condena firme —Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa— y los exiliados Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, supone, en la práctica, que directamente la Fiscalía se declara en rebeldía ante el acatamiento de la ley. La ley de amnistía es clara y por eso se demoró su aprobación en el Parlamento. Hemos dicho siempre que hacer política desde la judicatura era un error que tan solo aviva que desde la política se quiera intervenir en la justicia, retroalimentándose ambas fruto del desaguisado actual.

Dicen los fiscales: “Resulta indudable que los procesados Puigdemont, Comín y Puig (en su condición de presidente y consejeros de la Generalitat) y los condenados por sentencia firme Junqueras, Turull, Romeva y Bassa, como receptores de los gastos, sustrajeron por sí mismos caudales públicos. No recurrieron a la conducta pasiva de comisión por omisión de consentir que otros sustrajesen, sino que ellos mismos sustrajeron caudales públicos en forma de millones de euros para ejecutar, contra las decisiones del TC y del TSJ de Catalunya, un proyecto inconstitucional de desintegración de España y proclamación de la independencia; y estos fondos no han sido restituidos". "La malversación de caudales públicos supuso un beneficio patrimonial para los autores, pues destinaron los mismos a la elaboración, desarrollo y concreción de su ilegal proyecto, que les produjo un indudable beneficio patrimonial, pues decididos a toda costa a celebrar el referéndum ilegal conocían perfectamente la magnitud de gastos y la necesidad de obtenerlos recurriendo con clamorosa infracción del deber de custodia a su sustracción del erario público de todos los españoles" lo que “implica un enriquecimiento personal al poder disponer de fondos públicos para sus fines ilícitos”. 

Ni uno solo de los acusados de malversación en el juicio del 1-O, ni tampoco los exiliados, se lucraron económicamente 

Este es el nudo gordiano del escrito del Ministerio Fiscal con el que pretende sortear la ley, ya que en el artículo 1.1. a y b párrafo segundo de la ley se incluyen en la amnistía los delitos de malversación "siempre que no haya existido propósito de enriquecimiento". Por eso es tan importante fijar el enriquecimiento, aunque sea con argumentos retorcidos o torticeros, ya que ni uno solo de los acusados de malversación en el juicio, ni tampoco los exiliados interpelados en este escrito del Ministerio Fiscal, se lucraron económicamente ni se beneficiaron de cantidad alguna. Se puede ser siempre enormemente creativo en un escrito de esta naturaleza y, realmente, muchas de las piezas elaboradas durante estos años por parte de jueces y fiscales quedarán para la historia como textos que no soportarán el paso de los años.

Si eso han dicho los fiscales, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que sabe que no tiene suficiente con la aprobación de la ley, en el marco de la legislatura convulsa que se avecina, envió un mensaje este miércoles a los jueces que más pronto que tarde deberán entender: si a final de mes no hay acuerdo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial, presentará una reforma para quitarle competencias a la hora de llevar a cabo nombramientos en el Tribunal Supremo y en los tribunales superiores de justicia autonómicos. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria y conservadora, ha expresado su “profundo rechazo y preocupación” a la propuesta que Pedro Sánchez ha puesto encima de la mesa para reducir las competencias del órgano de gobierno de los jueces: consideran que es “inaceptable” y un “auténtico atropello constitucional”. “Lamentablemente, otro más que se suma a los permanentes ataques que cada día recibimos los jueces de este país”, afirman.

Igual la partida se les está escapando de las manos a los jueces del Supremo, sin que se den del todo cuenta de por dónde van a venir los movimientos de la Moncloa. Y, a lo mejor, con tanta preocupación por Puigdemont y Junqueras, este acaba siendo el menor de sus problemas.