Pues, sí: Javier Lambán ha ganado la partida a Pere Aragonès. Su permanente y electoralmente rentable campaña anticatalana ha tenido recompensa aunque sea por la vía de hacer descarrilar la candidatura catalana. El gobierno de Aragón, con todas las triquiñuelas y mentiras  que se quiera y un comportamiento antideportivo hasta el último minuto, ha ganado la partida al de Catalunya. No habrá candidatura de los Pirineos para los Juegos de Invierno de 2030 porque Lambán quería la mitad del pastel, que era tanto como condenar la candidatura que se sustentaba en el peso de la marca Barcelona y que Aragón sumara una sexta derrota a sus cinco anteriores iniciativas fracasadas para las olimpiadas de 1998, 2002, 2010, 2014 (la vez que estuvo más cerca) y 2022. Al final, la realpolitik se ha impuesto de una manera descarnada y, queriendo o no queriendo, el Comité Olímpico Español ha sacado la bandera rojigualda: era una candidatura española y un territorio (Catalunya) no podía ganar al otro (Aragón). Para los ingenuos que esperaban bandera blanca y que se adoptara la mejor decisión técnica posible ha quedado claro que, al menos en Madrid, con las cosas de comer no se juega y todos los esfuerzos por salvar a Lambán eran bienvenidos.

Una fuente de dentro de las negociaciones lo tenía muy claro: con razón o sin ella, no vamos a condenar a Lambán un año antes de las elecciones. De una manera alambicada, si se quiere, han acabado teniendo razón los que estaban en contra de los Juegos por su carga de españolidad. Y han acabado pisoteados por el COE y por Pedro Sánchez -porque el presidente del Gobierno tiene, en estos casos, mucho a decir- los que defendían que era positivo para el territorio y una oportunidad para recuperar décadas de abandono del centralismo barcelonés. La famosa agenda del reencuentro -aquella frase hueca con la que se pretendía desde Moncloa pasar página al movimiento independentista- va dejando a su paso una estela de desencuentros que va desde las inversiones en infraestructuras que nunca se han cumplido pese a las promesas de lluvia de millones a la retirada de los millones de la ampliación del aeropuerto de El Prat si no se aceptaba el planteamiento de AENA.

Eso, por no hablar de la mesa de diálogo que nunca se ha reunido -en esta verbena de Sant Joan podría perfectamente ser quemada como uno de los muebles viejos que se utilizan en los fuegos de ese día- o el CatalanGate, el mayor caso internacional de espionaje ilegal conocido y que ha servido para investigar al independentismo catalán, incluido el president Aragonès, en este caso, además, no por las cloacas del estado sino oficialmente con petición expresa del CNI a un juez del Tribunal Supremo.  Este miércoles va la consellera Laura Vilagrà a reunirse con el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para "abordar el bloqueo existente entre los dos gobiernos a raíz del caso Pegasus". Un viaje muy meritorio ya que no debe ser fácil sentarte con quien te ha espiado, no da hora a tu jefe para reunirse con el suyo y hace trizas el apostolado de Esquerra para entenderse con el PSOE. Sí, claro, así es la política pero a veces hasta tu enemigo te deja respirar.

El encuentro entre Vilagrà y Bolaños se produce en medio de un tema que no aparece en ninguna agenda política, del cual, obviamente, oficialmente no se habrá hablado, pero del que sí que se habla estos días en Madrid y en Barcelona. ¿Va el Tribunal Supremo a modificar su doctrina y devolver a los presos políticos a la cárcel, revocando el indulto parcial y revocable concedido por el gobierno de Pedro Sánchez en junio de 2021, este miércoles hace un año? No debería ser posible pero nadie con información de lo que se habla en el mundo de la alta judicatura se juega dinero a que ello acabe siendo así. Los indultos fueron el gran acuerdo político entre el PSOE y Esquerra y el que a la postre ha acabado garantizando la estabilidad parlamentaria de Pedro Sánchez. ¿Ante la hipótesis de una nueva entrada en la prisión, Sánchez procedería nuevamente a activar unos nuevos indultos?