La deplorable intervención del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, tratando de defender en el Senado lo indefendible y presentando el referéndum del 1 de octubre como una jornada en la que la policía española actuó con proporcionalidad y de una manera profesional forma ya parte de los anales del parlamentarismo y de la mentira reiterada en sede parlamentaria. Zoido debió ser cesado por el presidente del Gobierno aquella misma jornada o bien presentar él mismo su dimisión. Había tres motivos para que así sucediera: el fracaso del operativo policial, incapaz de hallar las urnas, y de una violencia desproporcionada en la calle; el alto número de personas que necesitaron asistencia médica, cifrado en más de un millar por la Conselleria de Salut; y el daño causado a la imagen de Barcelona, Catalunya y España en el mundo. La marca España quedaba seriamente tocada y asociada a la violencia policial en las televisiones de todo el orbe. El "¡a por ellos!", no era ni una metáfora ni una reacción fruto del desahogo del momento sino una orden a cumplir a rajatabla.

Por todo ello, Zoido se tenía que haber ido a casa y no esconderse detrás de la policía. Las órdenes emanaban directamente del Ministerio. Disponía además de medios suficientes para preparar un operativo policial con instrucciones diferentes, que cumplieran las órdenes judiciales y que protegieran a la población. La desorbitada cifra de 87 millones de euros que ha costado el despliegue de la Operación Copérnico entre septiembre y diciembre, que movilizó hasta 6.000 guardias civiles y policías nacionales más en su momento álgido, es una cantidad desmesurada con el resultado conocido y que, como se trata de una operación de Estado, nadie querrá indagar nunca. Incluso el Tribunal Constitucional ha prohibido la constitución de una comisión en el Parlament de Catalunya que abordara la intervención policial y la violación de derechos fundamentales.

El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, ha agradecido "a la mayoría de los medios de comunicación" su apoyo en la defensa de la unidad de España ante el proceso independentista catalán. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ya se ha encargado de que la respiración asistida sea algo definitivo en sus cuentas económicas. Por eso, no hemos visto que se pida la dimisión de Zoido ni que se critiquen sus explicaciones de lo que sucedió el 1 de octubre en Catalunya. Porque la crítica a la violencia policial injustificada no debería tener color político. Por todos debería ser denunciada. Y, seguro que, así, la democracia sería más fuerte.