Finalmente, el Parlament de Catalunya ha rechazado desvincular al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de los atentados yihadistas que se produjeron en Barcelona y Cambrils los días 17 y 18 de agosto de 2017. Es una forma alambicada, si se quiere, pero parlamentariamente correcta, de dejar abierta para futuras investigaciones una respuesta más ajustada que la que hoy se tiene sobre el papel del centro de inteligencia en aquellos terribles ataques terroristas.

Cuando está próximo el tercer aniversario de la masacre en que murieron 22 personas, cinco de ellos terroristas, sigue habiendo múltiples lagunas sobre el atentado y muy particularmente respecto al papel del iman de Ripoll Abdelbaki Es Satty, de nacionalidad marroquí, y en el que confluyen dos características: fue el agente radicalizador de los jóvenes terroristas y está confirmado que fue confidente del CNI en un período que bien podría ir desde el 2010 hasta el atentado. 

Hasta 14 veces ha rechazado el Congreso de los Diputados peticiones de Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya o de ambas formaciones al unísono para crear en la Cámara legislativa una comisión de investigación que tendría mayores competencias que la que ha funcionado en el Parlament. Entre otras cosas, porque todas las autoridades del Estado que se han negado a acudir a la llamada del Parlament no podrían hacer lo mismo si quien les convocara fuera el Congreso de los Diputados. La realidad, sin embargo, es que llegar hasta el fondo de una comisión parlamentaria es enormemente difícil en este estado de cosas ya que la escapatoria de exministros, responsables de cuerpos de seguridad o del espionaje español es total. En Barcelona no tienen porqué acudir y en Madrid de las comisiones, simplemente, se rechaza su aprobación.

Mucho se ha escrito sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 y muchas explicaciones se han pedido desde el Govern al Ejecutivo español: primero al del PP con Rajoy, Soraya y Fernández Díaz y después al PSOE con Sánchez, Calvo y Marlaska. Infructuosamente hasta la fecha ya que un muro de silencio se ha impuesto por parte de los respectivos gobiernos españoles, fomentando así la idea de que hay muchas cosas de las que no se quiere hablar y que es mejor cubrir de una discreción absoluta. Hemos de confiar, no obstante, por la salud democrática del país, que un episodio como aquel no se cierre en falso aunque pueda haber intereses de estado para que no salga a la luz pública toda la verdad. La mejor manera de rendir homenaje a las víctimas es que no quede una sombra de duda sobre quienes fueron los asesinos, con qué apoyo contaban y quiénes conocían lo que se iba a llevar a cabo.

También hay que despejar sin una sombra de duda si el imán de Ripoll, sobre el que los servicios de espionaje tenían un conocimiento importante y una confianza probada, mantuvo su relación con el CNI hasta el final o por el contrario, como defienden en voz baja fuentes de seguridad del Estado, primero utilizaron a Es Satty y después fue él quien les engañó. Algo que realmente cuesta de creer por más esfuerzos que han realizado los servicios de espionaje para convencer de esa versión. El Parlament hubiera sido un buen lugar para ello y aunque políticamente sea siempre así, no deja de sorprender que con muertos civiles por en medio, se proteja a los que no asisten a dar su versión. Tendría que estar prohibido que ello sucediera ya que se denigra a las instituciones y los muertos no se lo merecen.