La decisión del gobierno español de obligar a tributar por IRPF a los trabajadores con salario mínimo interprofesional (SMI) y presentarlo como una manera de hacer pedagogía entre la población más desvalida sobre la justicia fiscal, ya que lo recaudado irá directamente a mejorar los servicios públicos de los que todos somos beneficiarios, es tomar a los ciudadanos por idiotas. No debería costar tanto decir que lo que se pretende es recaudar una parte del bocado que el incremento del salario mínimo supone para las arcas públicas. Ello no sería, ciertamente, popular, más allá de que dejaría contra las cuerdas a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, que ya ha salido a alzar la voz contra la parte socialista del Gobierno que, en este caso, lideran colegiadamente el ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, y la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. De los 50 euros de subida del SMI, que ha pasado tras el acuerdo firmado entre el Gobierno y los sindicatos a 1.184 euros mensuales en catorce pagas, 21 euros se irán ahora a pagar el IRPF, lo que, dicho en román paladino, equivale a decir que el 47% de la subida que se había aprobado, ahora se va a acabar restando por la via impositiva.

Será la primera vez que el salario mínimo tributará en el IRPF, al no subir el Gobierno el mínimo exento. Aunque desde Hacienda se resta importancia al hecho —qué fácil es hacer de trilero con las cifras desde la Administración—  y se señala que esto va a afectar a una minoría de los trabajadores, se estima que habrá hasta un máximo de 2,5 millones de asalariados beneficiados por esta subida del SMI que empezarán a tributar. La Agencia Tributaria se frota las manos, ya que ello supondrá una recaudación extra de unos 2.000 millones de euros y, aunque el lema afirma que Hacienda somos todos, la realidad es que unos lo son más que otros. Con lo fácil que sería reforzar, por ejemplo, la lucha contra el fraude fiscal y reducir drásticamente una cifra tan escandalosa como que los españoles defraudan cada año al menos 20.000 millones de euros en el impuesto del IRPF, más del 1,7% del valor del PIB en España, mayoritariamente por rendimientos del capital mobiliario (intereses y dividendos) de declarantes que tienen capitales en el extranjero sin declarar. O el fraude por IVA e Impuesto de Sociedades, que asciende más o menos cada año a una cantidad similar, con lo que el fraude total supone aproximadamente 40.000 millones de euros, es decir, entre el 3,5% y 4% del PIB.

Veremos si Yolanda Díaz es capaz de mantener el pulso con Sánchez contra la tributación del salario mínimo

Es obvio que la obligación de tributar por el salario mínimo va a abrir una batalla política —¿qué no abre en España una trifulca política?— y que, al final, es muy probable que el PSOE acabe dando su brazo a torcer, tras unos días de debate, y todo acabe siendo un nuevo globo sonda que sirva de distracción ante cuestiones de mayor calado, como todos los contenciosos judiciales abiertos y que afectan tanto al partido como a la mujer del presidente o su hermano y al fiscal general del Estado. Por otro lado, no van a tener los socialistas muchos aliados en esta medida. Veremos si la formación de Yolanda Díaz, muy acostumbrada a hacer grandes declaraciones para después acabar reculando, es capaz de mantener el pulso con Pedro Sánchez o se acaba batiendo en retirada. Esperando está a que eso suceda Podemos, que, a diferencia de Sumar, mantiene una tensión alta con los socialistas y ello hace que las encuestas le sean favorables. Nada sería más del agrado de la formación morada que una implosión de la legislatura que, más allá de que los resultados fueran traumáticos, podría llegar a situar a la formación de Pablo Iglesias e Irene Montero como el referente de la izquierda en perjuicio de Sumar.

El último movimiento en esta cuestión del salario mínimo lo ha hecho el Partido Popular defendiendo que no debe tributar por IRPF. Las cosas se ven diferente cuando se es gobierno o cuando se está en la oposición y solo hace falta repasar la presidencia de Mariano Rajoy. En siete años, subió el SMI en 94 euros, alcanzando los 736 euros en 2018. Ahora, siete años después, está en 1.184, lo que supone un aumento de 448 euros. Las lecciones del PP en este aspecto no tienen un pasado al que se puedan agarrar y los socialistas hacen bien en sacar pecho en esta cuestión, ya que España es uno de los países de la OCDE que más ha aumentado el salario mínimo. Para ser justos, no siempre ha sido así con presidentes socialistas, ya que Felipe González representa el periodo más negativo para los trabajadores con SMI, pues su poder adquisitivo perdió de media un 0,69% en los 14 años de gobierno, con una merma cercana al 10% en todo el mandato. Eran otros tiempos, ciertamente, pero con José María Aznar no fue mejor y tuvo que llegar José Luis Rodríguez Zapatero para que los trabajadores que perciben el SMI tuvieran un período de ganancias.