El último barómetro semestral del Ayuntamiento de Barcelona no puede ser más claro: la capital catalana está peor que cuando la recibió Ada Colau de Xavier Trias en 2015. El 60% de los barceloneses cree que la situación en la ciudad ha empeorado el último año, más del 40% creen que la gestión es mala o muy mala (el porcentaje más alto desde 2015), la valoración positiva o muy positiva cae doce puntos respecto al barómetro de junio y solo llega al 43,4%. Además, la inseguridad ha escalado hasta la primera posición entre las preocupaciones para el 21%, cuando hace un semestre era la sexta preocupación. Hemos de remontarnos al 2006 bajo el mandato del alcalde socialista Jordi Hereu para encontrar un 22% de barceloneses preocupados por la inseguridad ciudadana.

Eso por no hablar de que Colau recibió una Barcelona con las arcas saneadas y no parece ser esta la situación actual. O que los principales agentes económicos de la ciudad son muy críticos con su gestión y con la pérdida de impulso económico. Este balance negativo hace que las elecciones municipales de mayo sean mucho más abiertas de lo que a mitad del mandato podía parecer.

Colau deberá disputar la primera posición al menos con ERC y quizás con Ciudadanos, aunque la candidatura de Manuel Valls pierde fuelle en las encuestas. Esquerra, con Ernest Maragall como alcaldable, tiene serias opciones de ganar aunque obviamente no tiene la seguridad en la victoria que le daría una candidatura conjunta con la formación de Carles Puigdemont y que ha descartado por activa y por pasiva. La ley municipal, a diferencia de otras elecciones, da en la práctica mucha ventaja al ganador de los comicios, ya que para desbancarlo tiene que conformarse una mayoría absoluta entre los perdedores. La multiplicidad de partidos en el consistorio rebaja mucho esta posibilidad, que ahora, además se puede ver incrementada si Jordi Graupera, como ganador de las primarias de la ANC, obtiene representación.

En este puzle electoral falta por encajar a la formación que lidera Puigdemont y que probablemente concurrirá a los comicios bajo las siglas Junts per Barcelona. Hace ya tiempo que el conseller Quim Forn, en prisión provisional en Lledoners, autorizó a que su nombre se incluyera entre las opciones posibles. Nadie duda de que, si estuviera en libertad, aspirar a la alcaldía sería la máxima ambición de Forn, que siempre ha sido el sustituto natural de Xavier Trias, con quien fue primer teniente de alcalde.

La actual situación de prisión le impediría hacer campaña e incluso tomar posesión si ganara las elecciones. De ahí la necesidad de que haya un número dos que sea, de hecho, un número uno. En todas las ecuaciones aparece siempre como la opción favorita la de la consellera Elsa Artadi. Ella es consciente de esta situación desde la vuelta del verano y el círculo desde entonces no ha hecho más que cerrarse. El ticket Forn-Artadi daría a la candidatura municipal un oxígeno del que hoy carecen en todas las encuestas. Barcelona aparece así como un objetivo al alcance de muchos, algo insólito en la capital catalana.