Explican los analistas y políticos conocedores de la Comisión Europea que no suele ser habitual que un portavoz de la misma plantifique con la mano abierta una bofetada tan sonora y contundente como la que ha propinado este jueves Christian Wigand a Pedro Sánchez. Su último proyecto estrella, modificar las mayorías parlamentarias para proceder a la reforma del Consejo General del Poder Judicial, se ha llevado a cabo de manera tan burda que ha levantado ampollas por allí donde ha pasado.
Nadie discute que la derecha y la alta magistratura están haciendo un uso fraudulento de la ley vigente del CGPJ alargando eternamente las renovaciones de los magistrados caducados —ya le pasó antes también a José Luis Rodríguez Zapatero—, pero lo que no se puede hacer es proceder a quemar el edificio constitucional —paradojas de la vida— porque los números no te dan. Tan chapucero ha sido el movimiento parlamentario del PSOE y de Unidas Podemos que de tener cartas ganadoras han pasado a inmolarse ante la CE después de que desde Bruselas se señale que perciben un intento de politizar la administración de justicia por parte del gobierno español y se les sugiera justo lo que no quieren hacer: pedir informes al Consejo de Estado, al CGPJ y al Consejo Fiscal.
Cuesta de entender que teniendo la razón de fondo y una parte significativa de la opinión pública a favor, todo se haya hecho tan mal, llegando a sonrojar a una cierta izquierda que no alcanza a entender la patada en la mesa que ha dado Pedro Sánchez y que incrementa de una manera clara la mala impresión que tiene Bruselas de toda la arquitectura institucional española: un gobierno tratando de apropiarse de la justicia, una pésima gestión de la Covid-19 y la alarmante caída del PIB para este año pronosticada por el FMI, siendo el único país que no ha mejorado las perspectivas desde junio. Son tres ejemplos que empiezan a afianzar la idea de un país con demasiados déficits para una situación tan complicada. En el plano más estrictamente catalán, es obvio que la idea de una justicia absolutamente politizada en España no hace sino reforzar la carta internacional de exiliados y presos en Europa, ya que el dossier de vulneraciones de derechos sigue aumentando por errores en campo propio. Conceder un suplicatorio y llevar a cabo una extradición a una justicia que es todo menos independiente no es algo que entusiasme en Bruselas o en cualquier cancillería europea.
Decíamos que este estirón de orejas a raíz de los intentos de dinamitar el CGPJ por las malas coincide con las críticas generalizadas en muchos medios de comunicación con la gestión de la pandemia. Señala el influyente Frankfurter Allgemeine Zeitung que España ha vuelto a perder el control de la pandemia y que el ejecutivo español es incapaz de afrontar la segunda ola del coronavirus. "El liderazgo no está a la altura de la crisis", sentencia. El principal diario suizo, el Neue Zürcher Zeitung, planteaba el sábado si España no era un estado fallido y se preguntaba cómo debía de tratar la UE a un miembro así, y la televisión alemana Deutsche Welle se ha interrogado sobre qué estaba pasando en España, que es el punto más negro de la Covid, y ha asegurado que toda Europa se pregunta el porqué.
Son todas ellas malas cartas para Sánchez en Europa cuando se están negociando los fondos europeos, tan imprescindibles como insuficientes, para aliviar la crisis económica. Un gobierno autoritario políticamente y desnortado económicamente acostumbra a ser una garantía de fracaso. Eso lo sabe todo el mundo y en Europa las campañas de márqueting de la Moncloa no funcionan igual de bien.