Aunque el ministro de Presidencia y de Justicia ha tratado de echar agua al vino al decreto ley que ha publicado en plenas fiestas navideñas, y que puede afectar de lleno a la amnistía de los líderes independentistas catalanes, a estas alturas Félix Bolaños ya sabe que Junts no se lo va a votar y Esquerra y PNV, veremos. Deberá recurrir al PP o a Vox si quiere sacarlo adelante por este trámite parlamentario y aceptar las consecuencias que pueda haber; o si no, cambiarlo por una proposición de ley y que se puedan presentar enmiendas.

Es una auténtica bomba de relojería lo que desde Presidencia se ha perpetrado en el decreto ley aprovechando la alteración de la ley de enjuiciamiento civil y que, a la práctica, dejaría en papel mojado la ley de amnistía, actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados. El decreto ley pasa a ser una auténtica ratonera por la vía de elevar siempre a Europa una cuestión prejudicial con cada uno de los amnistiados que los tribunales consideren oportuno hacerlo.

El Gobierno dirá lo que quiera, pero expertos en la materia, tanto en el ámbito penal como en el de la legislación europea, vaticinan los siguientes problemas para los independentistas que se han de acoger a la amnistía: empezará un juez pidiendo prejudiciales, recibirá respuesta de Europa en un plazo que puede llegar a ser de 18 meses, y, vaya usted a saber si entonces otro juez cogerá el relevo —que será que sí— emitiendo otra nueva solicitud a Europa o pidiendo aclaraciones. Todo ello, en una estudiada carrera de relevos que los tribunales encadenarán convenientemente.

Los partidos independentistas, mientras esto sucede, serán rehenes no de una ley de amnistía, que habrá sido debidamente aprobada, de acuerdo con los pactos políticos firmados, sino de un decreto ley colateral, que hoy se presenta como obligado por Europa para recibir las ayudas económicas, sin mayores explicaciones. Pudiéndose dar el caso de que los líderes del Procés o todos aquellos procesados que los jueces quieran, no obtengan la amnistía en toda la legislatura o muy al final de los cuatro años.

El gobierno español ha abierto una vía para la inaplicación de la amnistía a los independentistas

El gobierno español abre por este camino, voluntaria o involuntariamente, una vía para aquello que han anunciado algunos y que no es otra cosa que la inaplicación de la amnistía. Habrá un abuso de los jueces, como algunos ya han anunciado, o las mismas asociaciones judiciales. Además, plantea una cuestión de fondo no menor en el derecho penal: las dudas, así como la obligación de plantearlas, por parte de un juez, ¿pueden implicar que la persona afectada siga en prisión o sometida a restricciones de derechos fundamentales? ¿Es eso lo que se busca? Otra cosa es en las otras áreas del derecho, pero en el Penal es un motivo más que sobrado para enviar el decreto ley al trámite de enmiendas y rechazar la convalidación que pretende el Gobierno.

Que la reforma de la justicia sea una necesidad imperiosa y urgente y que haya aspectos positivos en el real decreto ley, no es razón para un cheque en blanco a la vista de la arbitrariedad y el abuso que se observa. Sienta las bases para un control total de la administración de justicia, pero sobre todo de los justiciables, genera un acceso indebido a mucha información de los ciudadanos y la intencionalidad de muchas normas es, cuando menos, confusa. En resumen, reforma sí, pero debate también. Trágala, ninguno. Su destino tiene que ser la tramitación ordinaria en el Congreso con todas las enmiendas que sean necesarias.