Los eurodiputados reunidos en Estrasburgo para analizar las consecuencias del espionaje del estado español al independentismo catalán han tenido este miércoles por la tarde una cata de lo que es, en realidad, la derecha extrema española en sus tres organizaciones políticas —PP, Vox y Ciudadanos— y, también, desde una posición mucho más críptica, del PSOE. Se ha de tener muy poco conocimiento de lo que es la democracia en Europa para ir con el trabuco al hombro a propagar, a los cuatro vientos, que el programario Pegasus está para espiar a los dirigentes independentistas condenados por el Tribunal Supremo por sedición y para ampliar incluso el foco a todos aquellos que han venido defendiendo públicamente desde el referéndum del 1-O o la proclamación de independencia del Parlament en 2017 que lo volverían a hacer.

Es obvio que España tiene una posición difícil, insostenible. Incompatible con cualquier planteamiento democrático que se pueda hacer. Ha habido espionaje masivo, ilegal e indiscriminado a los independentistas y aún no sabemos ni quién es el responsable último de una acción ilícita, ni quién ha pagado la intromisión en la vida de los espiados. Tenemos una cierta idea que, de una u otra manera, el escándalo señala al estado español ya sea un organismo oficial o las cloacas: en muchos casos, cuando se les necesita, tampoco están tan lejos. Otra cosa es el espionaje a Pedro Sánchez y Margarita Robles, que parece situar a Marruecos entre los responsables, una muy mala posición para el presidente del Gobierno después de que haya entregado sin explicación convincente alguna a Mohamed VI el pueblo saharaui, renunciando España a defender su derecho a la autodeterminación.

Pero volvamos a Estrasburgo. Oír al exministro del Interior José Ignacio Zoido decir las burradas que pronunció en un minuto fue suficiente para poner los pelos de punta a sus colegas europeos. Hizo un margaritarobles, que parece que va a acabar siendo la línea española de defensa de la ilegalidad. Defender la utilización de Pegasus contra los independentistas cuando el ambiente general era de repulsa al uso del programario explica a la perfección la frontera que hay en los Pirineos. Y eso que Zoido es magistrado, fue juez decano de Sevilla y miembro de la sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Igual así se explica todo lo que muchas veces no se sabe cómo explicar. Se ha de ser muy poco demócrata o tener una concepción muy estrambótica de lo que es la democracia para pensar que fuera de países como Polonia o Hungría van a llegar a entender una defensa cerrada del espionaje a la disidencia política.

Mientras eso pasaba en Estrasburgo, en Madrid la ministra de Defensa, Margarita Robles, comparecía en la Comisión de Defensa del Congreso para dar, supuestamente, las explicaciones que el Gobierno se comprometió a ofrecer cuando estalló el CatalanGate. Hay que recordar que fue la primera línea de defensa del Ejecutivo junto a la comisión de secretos oficiales para calmar, sin éxito, a Esquerra Republicana. Durante dos semanas han jugado con esa posibilidad, pero como todo lo que rodea a Pedro Sánchez ha sido una fantasía. Desde el primer momento se negó la mayor, no iba a haber ninguna revelación, ya que en la comisión no se podía hablar de Pegasus. Así empezó y acabó el ejercicio de transparencia prometido por el Gobierno. Queda ahora la comisión de secretos oficiales del Congreso, que, como su propio nombre indica, son oficiales y está prohibido divulgarlos. Y hasta aquí van a llegar las explicaciones políticas.

Eso no es óbice para que, en función de cómo vean de molestos a los socios parlamentarios, acaben soltando lastre y entregando la cabeza de la directora del CNI, una pieza de caza menor sin duda dispuesta a sacrificarse si es necesario. Ya encontrará otro acomodo en el futuro. El gobierno español lleva cometidos varios errores desde que estalló el CatalanGate, hará pronto 20 días. Minimizó inicialmente su impacto, se subió a lomos de versiones contradictorias, justificó en sede parlamentaria lo injustificable, para ahora cerrar filas política y mediáticamente, tratando de convencer a los medios afines de que es un ataque a los fundamentos de la democracia española y la seguridad nacional. ¿Qué será lo próximo?