La publicación de unos audios comprometedores de la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en los que, entre otras cosas, se la puede escuchar, cuando era consellera de Cultura, interpelando a un funcionario de la Generalitat —que ha sido quien ha aportado las gravaciones al TSJC— sobre el pago de una factura a un amigo suyo, Isaías Herrero, y que hace referencia a la época en que era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), obliga a la segunda autoridad de Catalunya a una explicación pública que despeje las dudas que hay en estos momentos. Borràs ha defendido siempre su inocencia desde que el caso saltó a la luz pública, nunca se ha escondido ni ha rehuido dar aclaraciones públicas, y se ha parapetado en un oscuro interés judicial por apartarla de la vida pública. Y lo cierto es que habiendo tantos casos en que la justicia ha actuado así con los dirigentes independentistas catalanes, ha habido motivos suficientes para creer en sus explicaciones.

Sin embargo, un funcionario de la conselleria de Cultura ha aportado unos audios que rebaten su versión pública hasta la fecha y que necesitan aclaraciones por su parte antes de que la pelota se haga más grande. El abogado de la presidenta del Parlament ha pedido un volcado íntegro de la conversación para que no esté descontextualizada. Hace bien Gonzalo Boye en exigirlo y que el TSJC haya convocado a las partes con cierta celeridad para el próximo día 8 de junio es relevante y el resultado puede ayudar a aclarar mucho las cosas. Pero la política va a una velocidad diferente a la del resto de las cosas y por ello es importante que Laura Borràs despeje las dudas que puedan existir, ya que incluso antes de que estos audios salieran a la luz pública, la fiscalía la acusaba a ella, a Herrero y a Roger Espar —el funcionario que ha aportado las cintas en el TSJC— de malversación de fondos y de prevaricación en la concesión de dieciocho contratos menores (es decir, a dedo) de la Institució a Herrero que suman 309.000 euros.

El hecho de que se celebre este fin de semana en Argelers, en la Catalunya Nord, el congreso de Junts per Catalunya que debe abordar la sustitución de Carles Puigdemont y de Jordi Sànchez en la presidencia del partido y en la secretaría general respectivamente, y la elección si los militantes así lo ratifican, que se da por descontado, de Laura Borràs y de Jordi Turull al frente de la presidencia y la secretaria general, es también un segundo motivo para esperar que estas explicaciones se produzcan, como así ha sido ocasiones anteriores. La encrucijada en la que se encuentra Junts per Catalunya ante el enorme reto que le supone volver a situarse al frente de la política catalana, y abandonar el tercer puesto que ocupa ahora, exigen aclarar cualquier atisbo de duda. 

Es cierto que, además, es necesario que Junts recupere el apoyo de la parte del electorado que perdió entre los comicios de 2017 —las elecciones que convocó Mariano Rajoy una vez disolvió el Govern de Catalunya, aplicó el 155 y se apoderó de sus instituciones— y los de 2021, en plena pandemia y después de que el TSJC hubiera apartado de la presidencia de la Generalitat a Quim Torra. Los congresos sirven para relanzar a una formación política y aunque Junts pierde a su principal referente, Carles Puigdemont, como estandarte público del partido, nadie duda de que, al menos durante un tiempo, la imagen del president en el exilio y la del partido que fundó irán inexorablemente unidas por más que haya dejado claro que su dedicación prioritaria será a partir de ahora el Consell per la República, del que ostenta la presidencia.